El problema social más grave de México es la falta de oportunidades de empleo para los ciudadanos, debido a que ni la economía, ni las políticas públicas que han implementado en los últimos 27 años, han sido capaces de generar la cantidad de empleos formales necesarios para satisfacer las necesidades de los mexicanos, señaló el doctor en economía Juan Luis Ordaz Díaz, quien consideró que la pobreza en la sociedad moderna está relacionada con la carencia de opciones para las poblaciones en edad de trabajar, aunado a la falta de empleos bien remunerados.
En los 15 años que transcurrieron de 1995 al 2010, a pesar de que la desocupación ha mostrado inestabilidad, porque tiende a subir o bajar repentinamente, en cuanto a la “ocupación parcial y desocupación”, desde su punto más bajo en el 2000, ha estado manteniéndose al alza por 10 años consecutivos, signo de que los empleos que ofertan a la ciudadanía son por lapsos de tiempo, o en su caso, eventuales.
Debido a esta situación, en Campeche, estiman que 120 mil 855 campechanos perciben una remuneración inferior al salario mínimo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), cifra que representa el 28.7 por ciento de los 421 mil 100 ciudadanos que pertenecen al grupo de población económicamente activa, situación que evidencia la precariedad laboral en la que se encuentra la mano de obra local.
Este escenario en el Estado empeora con los resultados del Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval), el cual reveló que 624 mil 400 ciudadanos, es decir, el 71.3 por ciento de la población de Campeche, tiene complicaciones para adquirir los alimentos necesarios para la canasta básica; de esa cantidad, 484 mil 200 están contemplados en la línea de pobreza, ya que solamente pueden adquirir los alimentos una vez cada 30 días, mientras que 176 mil 200 están catalogados como de pobreza extrema, debido a que no tienen oportunidad de acceder a la totalidad de productos.
Niveles de desarrollo
El comportamiento laboral en México está marcado en sociedades con menores niveles de desarrollo, mismo que es agravado por la falta de mecanismos estatales de compensación por desempleo, relacionado directamente con la modernización de las tecnologías.
Solamente en el 2021, Petróleos Mexicanos (PEMEX) entregó al Gobierno Federal, 979 mil millones de pesos, lo que representa el 16.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México, siendo los Estados con mayor producción de crudo, Campeche, Veracruz y Tabasco.
A pesar de esta situación, desde sus comienzos la explotación petrolera causó contaminación del medio ambiente por derrames de hidrocarburos o la quema de gas, entre otras circunstancias, lo que afectó los cultivos aledaños y la salud de los habitantes del poblado, tal es el caso del municipio de Papantla en Veracruz, donde los pobladores se han expresado en contra de las afectaciones, siendo criminalizados por la paraestatal y eso ha generado una tensión entre las comunidades y la empresa petrolera.
Campeche produce más de 1 millón 200 mil barriles diarios de petróleo, lo que representa el 68 por ciento de la producción nacional del país al día, ya que tiene un promedio de un millón 757 mil barriles; a pesar de la importancia que tiene la sonda en el Estado, los actos indebidos por sus administrativos se han hecho presentes, pues la empresa Veggies Healt de México está interesada en servir alimentos a los petroleros, aunque tiene antecedentes negativos y que han sido ligadas a la familia del expresidente municipal Óscar Román Rosas González.
Además, otra compañía que estuvo en concurso es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Procuraduría Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por tráfico de influencias, corrupción, manipulación de información privilegiada, venta de productos con sobreprecio de hasta 120 por ciento y distribución de alimentos en mal estado.
Ante el avance de las políticas extractivas (petróleo, minería y eólicas) en las regiones indígenas de México, el discurso político de los activistas y del movimiento indígena recupera la dimensión de su medio ambiente como un territorio, para contraponerlo a la devastación ambiental que producen estas políticas.
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JG