Aún con todo y sentencia, el grupo Boxito ha invadido un total de 150 hectáreas de tierras pertenecientes al ejido de Hecelchakán. “Esperemos una pronta resolución para rescatar las tierras que se ubican en los costados del Rancho ‘San Joaquín’, las cuales nos pertenecen”, comentó el comisario ejidal Ruperto Balan Chi; quien en su reunión dominical dio a saber las invasiones a las que está sujeto el ejido.
“Inclusive el alcalde José Dolores Brito Pech tiene invadido unas tierras para construir un camino clandestino”, aclaró.
Nadie puede brincar las decisiones de la Asamblea -quienes tienen la máxima autoridad-, además de que el grupo Boxito son de la ciudad de Mérida, Yucatán. No obstante, adquirieron las tierras para unos italianos quienes vivián en el rancho “San Joaquín”, ubicado frente la comunidad de Dzitnup.
Con anterioridad dijeron que lo invadido sólo era de una extensión de 22 hectáreas, pero a través de los peritos de la Procuraduría Agraria se confirmó la verdadera magnitud de lo que se quieren apropiar.
El comisario aclaró que autoridades ejidales pasadas “donaban” o vendían tierras, por lo que se ha intentado localizarlos para llamarlos ante la Comisaría para que demuestren su legalidad y la manera en cómo se obtuvieron.
De igual forma, se buscó unas copias de constancias donde entregaron tierras a personas ajenas hasta de 30 a 40 hectáreas. Dichos documentos deben ser comprobados porque, de lo contrario, se les puede suspender los derechos y dichas extensiones de tierra se les otorgaría a quienes no cuentan con lotes.
“Los apicultores ejidales o comuneros tienen que solicitar permiso y tendrán que pagar un derecho”, dijo el comisario ante los ejidatarios presentes. Además, abundó de que algunos ejidatarios han solicitado su pago respecto al paso del Tren Maya.
Cabe señalar que el comisario saliente no hizo efectivo los derechos que les corresponde, ya que se asegura que en las actas donde se dieron los pagos no existen.
“Todo se borró en la computadora y no hay archivos del comisario saliente”. Por lo que todos serán citados para aclarar sobre los pagos que se les privó, así como la entrega de más de 50 constancias a particulares. Por último, se cuestiona qué pasó con los recursos que supuestamente tuvieron que ingresar en las arcas de la comisaría, ya que está el concepto de 800 mil pesos de los cuales se desconoce su paradero.
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JG