Los regidores que impugnaron la Ley de Egresos del Municipio de Carmen del 2022, más allá de estar preocupados de que mejore el municipio, lo hicieron porque se les quitaron prerrogativas, ya que se les reducían sueldos, además de que se eliminarían vicios del pasado para aplicar los recursos en solucionar las problemáticas sociales de la población con programas, señaló Pablo Gutiérrez Lazarus, presidente municipal.
Lo anterior como respuesta al Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía en contra de “actos de impugnación de la Séptima, Octava y Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo celebradas a las 17:00, 17:20 y 17:25 horas del día 30 de diciembre de 2021”, promovida el pasado 5 de enero, a la que Tribunal Electoral del Estado, (TEEC) dio entrada el día 13 y cuyo resolutivo está pendiente ante los cambios que se dieron en el organismo, al sustituir Brenda Noemi Domínguez Aké como presidente a Francisco Javier Ac Ordóñez.
Dicho recurso lo interpusieron Leopoldo Andrés Hernández Lezama, síndico de Administración, los regidores Silvia Cámara León, Eduardo Jonathan Vela Magaña y María Jesús Montejo Álvarez, del PRI; Julio César Pulido Contreras, José Daniel Hernández Sosa y Francisca Zárate López, de Morena, y Carmen Cruz Hernández Mateo, de Movimiento Ciudadano (MC).
Ante ello, Gutiérrez Lazarus, después de redirigir las entrevistas al síndico Jurídico del Ayuntamiento cuando se le solicitó, sólo atinó a decir que la verdadera preocupación de los integrantes del Cabildo es que se les hizo un ajuste de sueldos y prerrogativas.
“Lo que quieren es que se mantengan privilegios, que no vamos a permitir. Si les preguntas a ciencia cierta es porque se les redujeron los sueldos, prestaciones de fin de año, una quincena de aguinaldo. Por ahí va el dolor”, arremetió.
Esta actitud del alcalde también podría considerarse una represalia, pues varios regidores que usaron este recurso de impugnación lo habían criticado de estar más pendiente de sus redes sociales y su imagen personal. Por ejemplo, Eduardo Vela Magaña, noveno regidor, quien señaló en su momento que “desde que entramos se ha visto una brecha muy marcada entre la gente del alcalde, Pablo Gutiérrez Lazarus y los que no lo son; a nosotros no nos han facilitado la información completa en las sesiones de Cabildo; hay personal que ha corrido argumentando que son “aviadores”; lo veo más preocupado por salir bien en las fotos de sus redes sociales y no en su labor como alcalde”.
A cambio, el munícipe contestó que esta oposición está más preocupada en que no les toquen sus bolsillos que en el bienestar de los carmelitas. Pero nunca respondió si cometió o no una violación al no entregar a todos y cada uno de los regidores y síndicos una copia del Proyecto de Dictamen, por lo menos con 48 horas de anticipación”, como marca el artículo 48, fracción VI, del Reglamento Interno del Municipio.
Sin embargo, ante la insistencia de los cuestionamientos acerca de si el recurso que interpusieron (el Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía) es porque en la Ley de Egresos se está considerando el uso inadecuado de los recursos públicos, como destinarlos a rubros que no son urgentes, respondió que “eso no tiene nada que ver. Si en su momento hay alguna obligación se aplica”.
En su intento por justificar de nuevo la impugnación presentada por los integrantes del Cabildo, dijo que “al final del día la austeridad es la austeridad y tenemos que manejarnos bajo esos principios. No podemos estar sujetos a caprichos que vengan a alimentar vicios del pasado. Eso lo tenemos que poner como ejemplo”.
Al ser interrogado sobre cómo estaría distribuido el Presupuesto de Egresos, que se aprobó en las sesiones extraordinarias, que es lo que está en juicio, declaró que el presupuesto, es sobre una presuposición, de algo que va dependiendo de los ingresos y mencionó el precio del barril de petróleo y las finanzas nacionales. “Depende de varias variables el recurso que nos toque, y de este entre un 20 a 22 por ciento se destinará a obras públicas, y otra parte para programas sociales”, argumentó.
Sin embargo, según la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso del Estado, al municipio de Carmen se le asignó un presupuesto por mil 645 millones 479 mil 378 pesos, 23 mil 381 más con respecto al 2021.
Pero aseguró que no hay fractura entre el cuerpo edilicio y su círculo cercano, “solamente están actuando porque se les redujo una quincena del aguinaldo, no podemos mantener sueldos”, insistió.
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JG