La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) confirmó, tras una investigación del equipo de Por Esto!, que los alcaldes de Escárcega y Hopelchén cometen actos de nepotismo y opacidad en sus administraciones. Actualmente, suman cuatro personas con lazos sanguíneos a Silvestre Lemus Orozco y Emilio Lara Calderón.
Por estas personas las alcaldías erogan 48 mil 823 pesos de salario bruto mensual. Escárcega destina 27 mil 723 pesos para tres sobrinos y Hopelchén 21 mil 100. Estos gobiernos representan a Movimiento Ciudadano y Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Escárcega
El caso de Lemus Orozco destaca porque ha incurrido en delitos como tráfico de influencias o nepotismo, desde el uno de octubre del 2021, tres familiares directos fueron incluidos en la nómina de la Comuna, a pocos días de tomar protesta al salir Rodolfo Bautista Puc.
En la PNT están dados de alta 670 contratos de prestación de servicios al último trimestre del 2021 de la alcaldía, de éstos, tres son sobrinos de Silvestre Lemus Orozco, se trata de Leydi Alejandra Lemus Fernández, Luis Ángel Gutiérrez Lemus y Maribel Lemus Corona.
De los tres Leydi Alejandra tiene el salario mensual más alto, de 16 mil 490.94 pesos, con cargo de Jefe de Departamento “A”, de la dirección de Educación, Cultura y Deporte; le sigue Luis Ángel, con 6 mil 775.24 pesos como Auxiliar Técnico “A”, de la Secretaría del Ayuntamiento; y Maribel Lemus Corona, con sueldo de 4 mil 458.82 pesos como Auxiliar General “B”.
En el caso de Leydi Alejandra, del uno de enero al 29 de septiembre del 2021 tenía un salario mensual de 11 mil 170.34 pesos, pero a partir del uno de octubre aumentó 47.62 por ciento y ahora gana 16 mil 490.94 pesos.
Aunado al tráfico de influencias que le imputarían al edil por contratar familiares también podrían sancionarlo por opacidad en la justificación de gastos del primer trimestre de 2022, al no transparentar en qué rubros erogó parte del presupuesto de este ejercicio fiscal, y si hubo aumento de salario de sus parientes.
De comprobarle “tráfico de influencias” sería cesado como edil por quebrantar el Artículo ocho, fracción XIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que señala que cualquier funcionario público deberá abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios, o derive alguna ventaja o beneficio para él o las personas que se refiere.
Además, el Artículo 74 Fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, indica que todos los entes públicos están obligados a mantener actualizada, cada tres meses, la información de sus obligaciones con transparencia.
El presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (Cotaipec), Néstor Cervera Cámara, dijo que la fecha límite es el 30 de junio para publicar la erogación de recursos públicos, antes de proceder con una sanción que va desde apercibimiento público, económica o inhabilitación del cargo.
Hopelchén
Respecto a Emilio Lara Calderón, en la PNT, Por Esto! identificó a Jorge Luis Chávez Calderón por lazos sanguíneos con el edil; actualmente ocupa la jefatura de la Subdirección de Cultura, Deporte y Turismo, con salario bruto mensual de 21 mil 11.10 pesos.
La Comuna tiene registrados, al primer trimestre del año, 43 cargos de confianza, entre esos el funcionario, claro nepotismo.
Emilio Lara ha sido señalado por la Comisión de Derechos Humanos de Campeche por omitir recomendaciones contra policías por presunto abuso de autoridad.
A finales de marzo la Codhecam solicitó a la LXIV Legislatura que el edil comparezca por incumplir las recomendaciones de los expedientes 1838/Q-003/2017, 1836/Q-005/2017 y 817/Q-135/2019, por faltas y violaciones a los derechos humanos de ciudadanos del municipio.
La presidenta de la Codhecam, Ligia Nicte Ha Rodríguez Mejía, dijo que Lara Calderón se negó a aceptar y cumplir en el reparo del daño de las víctimas violentadas por servidores públicos.
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JG