El Instituto Electoral del Estado de Campeche presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate contra la Corrupción por los delitos de abuso de autoridad y peculado, además de que interpondrá otras cuatro más, ya que hay indicios de afectación al erario público, así como cuatro querellas de índole administrativo, adelantó la presidenta del IEEC, Lirio Guadalupe Suárez Améndola.
Reveló que además de los 11 millones de pesos sin comprobar en la cuenta pública del 2020, que detectó la Auditoría Superior del Estado, también hay un monto de 14 millones de pesos en cuanto a los recursos ejercidos en el 2021; cabe señalar que del 2015 al 2021 presidió el IEEC, Mayra Fabiola Bojórquez González.
Suárez Amendola precisó que tras asumir en octubre del 2021 el cargo de consejera presidenta del Consejo General del IEEC y luego de seis meses en los que realizaron las auditorías, tras la entrega-recepción, ahora presentarán las denuncias por presuntos actos ilícitos ante la Fiscalía Anticorrupción para que concluya las investigaciones y las turne a la autoridad judicial competente, de ser el caso.
Consideró que, a nivel estatal, mediante Transparencia podrán solicitar los nombres de las personas sancionadas, ya que la Secretaría de la Función Pública da a conocer la lista de los servidores públicos en esta situación.
Tras indicar que ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y están por integrar otras ocho carpetas para interponer las querellas correspondientes, estimó que al menos cuatro son por abuso de autoridad y peculado y otras cuatro de carácter administrativo.
Apuntó que la Fiscalía Anticorrupción también puede decidir, con base en el Código Penal y de acuerdo con su investigación, si configuran otros delitos y precisó que los imputados ya no desempeñan cargos en el órgano electoral.
Detalló que ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y están por integrar otras 8 carpetas para interponer las querellas correspondientes y estimó que al menos 4 son por abuso de autoridad y peculado y otras 4 de carácter administrativo.
Apuntó que la Fiscalía Anticorrupción también puede establecer con base en el Código Penal y de acuerdo a su investigación si configuran otros delitos y precisó que los imputados ya no desempeñan cargos en el órgano electoral.
Aclaró que las denuncias son de los 3 últimos años y aunque en algunos casos los delitos prescriben a los 7 años, es competencia de la Fiscalía Anticorrupción determinar sí puede ampliar el periodo de indagatorias con base en la investigación que lleve a cabo.
Aclaró que las denuncias comprenden los tres últimos años del Ejercicio Fiscal y aunque en algunos casos los delitos prescriben a los siete años, será competencia de la Fiscalía Anticorrupción determinar las denuncias que aún están dentro del periodo en que pueden presentarse acusaciones por actos ilícitos.
En caso de reparación del daño, cuando es por el concepto de recursos, explicó que los responsables deben reintegrarlo a la Hacienda Pública, pues la restitución del daño es hacia el Estado.
Manifestó que al IEEC lo conforman el Consejo General y la Junta General Ejecutiva, en el caso de los delitos electorales no hubo casos que turnar ante las instancias competentes, mientras que en las investigaciones y auditorías del Órgano Interno de Control detectaron irregularidades menores y otras que ameritan una causa penal.
De las acusaciones de nepotismo hacia los consejeros descartó que existan familiares de los mismos en la institución, por lo que no configura dicha imputación ni tampoco en la Junta General, aunque dio a conocer que detectaron conflicto de intereses.
Confirmó que del informe de la Cuenta Pública 2020, por un monto de 13 millones 714 mil 793 pesos sin comprobar, al menos 11 millones de pesos no fueron solventados, además de que en las auditorías de la Cuenta Pública del 2021 detectaron faltantes sin justificar por 14 millones de pesos.
Advirtió que, además, todavía faltan las auditorías del año 2019, por lo que la Fiscalización de la Asecam puede incrementar los montos sin comprobar y por consiguiente, que aumenten las demandas ante la Fiscalía Anticorrupción.
Suárez Améndola externó que la propuesta de Reforma Electoral es una solicitud todavía, por lo que falta un largo proceso para su debate, sin embargo, consideró que entre las cosas positivas que tiene es el uso del voto electrónico y que definan la forma en que operaría el nuevo instituto electoral con la propuesta de centralización.
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ASC