Por presumir actos irregulares en la cuenta pública del 2020, la Auditoría Superior del Estado interpuso ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECCECAM), 18 denuncias contra ayuntamientos y una dependencia del Gobierno del Estado, según lo revelado por el titular del órgano de fiscalización del Congreso del Estado, Javier Hernández Hernández, al estimar que el monto de los ilícitos es por 115 millones de pesos, tanto por gastos indebidos como por no cumplir con lo establecido por la ley.
Cabe señalar que la exfiscal Anticorrupción, Silvia Moguel Ortiz, declaró que no tenía denuncias de la Auditoría Superior del Estado ni de alguna dependencia estatal, antes que presentará su solicitud de renuncia al cargo, pero informó que también el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) había presentado dos denuncias.
A la fecha, la presidenta del IEEC, Lirio Guadalupe Suárez Améndola, confirmó que ya presentaron 4 denuncias y analizan interponer tres denuncias más.
Respecto a las querellas interpuestas en la Fiscalía Anticorrupción, el Auditor Superior del Estado precisó que “hasta el momento nosotros hemos presentado 18 denuncias de diversos municipios”, y recordó que tras asumir el cargo, detectó que “no se había promovido ninguna acción en este sentido”. “Ojalá me entiendan que por obvias razones no puedo dar mayores datos”, apuntó.
Dio a conocer que también comenzaron “cerca de 40 procedimientos de responsabilidad administrativa en lo que va del año”, y añadió que estas denuncias están en trámite, por lo que espera que las autoridades competentes determinen las sanciones a aplicar.
De las 18 denuncias explicó que no todas son contra las administraciones municipales, ya que “hay una dependencia estatal que tiene que ver con la cuenta pública 2020”.
Aclaró que en las querellas interpuestas en la Fiscalía Anticorrupción, “todo está relacionado con la cuenta pública 2020”, ya que con respecto a la cuenta pública 2021, es la etapa de auditoría en la que están y en septiembre harán el segundo paquete o a más tardar en octubre entregarán la revisión del Gobierno del Estado.
Añadió que en febrero del 2023, como marca la Ley General, es cuando entregan la cuenta pública a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado y a partir de ese momento es cuando determinan “si se presentan las denuncias o los procedimientos administrativos de responsabilidad”.
Del monto que implica las denuncias contras los gobiernos municipales, así como de una dependencia del Poder Ejecutivo, precisó que denuncian “tanto gastos indebidos como el hecho de que algunas autoridades no cumplieron en lo que establece la ley” y aunque argumentó que “son situaciones que no se pueden cuantificar”, precisó que el monto de las denuncias “supera los 115 millones de pesos en términos generales tanto del Estado como de los municipios”.
Responsabilizó a la Fiscalía Anticorrupción del proceso judicial siguiente, ya que es la instancia que tiene que resolver, pues conforme a la ley presentaron las denuncias y será la autoridad judicial quien inicie la carpeta de investigación para que el juez determine si cita o no a las personas señaladas en los presuntos actos ilícitos.
Destacó que también están en la revisión de la cuenta pública 2019, al encontrar un rezago importante, por lo que revisan en forma paralela al trabajo ordinario, “todo lo que quedó rezagado, para ver dónde podemos actuar”.
Aclaró que no hay un plazo para la revisión, aunque aceptó que la ley sólo establece que mientras “no prescriban los delitos se pueden presentar las denuncias e iniciar los procedimientos correspondientes”, por lo que consideró que “no hay plazo fatal como tal”.
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JG