El embajador de México en República Dominicana, Carlos Miguel Aysa González, sería requerido en Campeche al no comprobar el destino de más de 140 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2020, expuso el diputado federal José Luis Flores Pacheco, al asegurar que forma parte de sus responsabilidades como exgobernador esclarecer en qué erogó los recursos asignados para su penúltimo año de administración Estatal.
“La instrucción que hay por el presidente Andrés Manuel López Obrador es clara, toda irregularidad detectada se tiene que aclarar, y el resultado es simple, o se solventa o se castiga conforme a la ley; no debe haber distingo de personas, colores políticos o cargos, si no hay un correcto esclarecimiento de los recursos deberá de procederse legalmente”, atajó.
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En el Informe de la Cuenta Pública del Estado de Campeche correspondiente al ejercicio fiscal 2020, la Auditoría Superior del Estado (Asecam) reveló que en la administración de Carlos Miguel Aysa González no se aclaró en qué fueron erogados 143 millones 673 mil 978 pesos, por lo que autoridades fiscalizadoras comenzaron con el proceso de investigación al exgobernador del Estado.
De ese total, en el pliego de observaciones destaca el pago de 36 millones 765 mil 361 pesos por el suministro y colocación de cancelería de aluminio y cristal en fachadas Norte, Sur, Este y Oeste, en el edificio 4 de la Ciudad Administrativa, los cuales de acuerdo con la inspección realizada por la entidad fiscalizadora, no están colocados y terminados pese a haber hecho el pago.
En el mismo informe, la Asecam reveló que en las entidades fiscalizadas con riesgos detectados fueron 11 relacionados a daños contra la Hacienda Pública, cuatro con la falta de control interno en los procesos y cinco ligados al incumplimiento de normativa para registro y presentación de información, por lo que fueron señalados 20 posibles desacatos a la normativa orgánica del Estado.
Otra de las dependencias que tuvo una serie de observaciones en la ejecución de los recursos fue el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (Icatcam), que mostró una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, que a través de siete pliegos de observaciones revelaron el uso injustificado de 10 millones 966 mil 698 pesos en el 2020, sin que hasta el momento exista algún esclarecimiento del uso de estos recursos.
Flores Pacheco recordó que el Congreso local es el encargado de cuestionar la utilización del dinero, por lo que será a través de las instituciones estatales que fincarán las responsabilidades que corresponden por el daño al erario, mientras que en la Cámara alta podrían solicitar el regreso a territorio nacional de Carlos Miguel Aysa González.
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CC