Uso indebido de atribuciones y peculado por 147 millones 865 mil 560 pesos, donde se encuentran involucradas las Secretarías de Seguridad Pública (SSPC); Desarrollo Económico (Sedeco); Turismo (Sectur); así como instituciones académicas como el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytec); y el Colegio de Bachilleres (Cobacam), fueron detectados por la Secretaría de Contraloría (Secont) durante la revisión de siete carpetas que pretendían archivar en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC), por lo que la contralora María Eugenia Enríquez Reyes, invitó a los funcionarios implicados a lograr acuerdos reparatorios para devolver el dinero.
Sobre las dependencias que pretendía archivar la Fiscalía Anticorrupción y el monto del probable peculado, se detallan: Secretaría de Turismo, 2 millones 166 mil 711 pesos; Cecytec, 19 millones 108 mil 717 pesos; Cobacam, 25 millones 618 mil 829 pesos; el monto más alto corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública por 64 millones 714 mil 848 pesos; y la Sedeco, también con una cifra elevada de 36 millones 314 mil 455 pesos.
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De igual forma, mencionó que se tiene otro caso de peculado, este por 4 millones 205 mil 563 pesos, pero no especificó dependencia, sólo alegó que la investigación continúa y que a través de esta se determinará si hay delito que perseguir.
Enríquez Reyes aseguró que no se proporciona el nombre de los responsables para no entorpecer el debido proceso, y que se encuentran las 32 denuncias interpuestas, de las cuales 26 son por acciones irregulares en la Ciudad Administrativa, correspondientes a la Secretaría de Obras Públicas, aunque también están implicadas la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capae), y de nueva cuenta el Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam). Sólo una denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) al ser recursos de la Federación.
Enríquez Reyes afirmó que no protegerán a nadie y se aplicará la ley, y que será el Ministerio la instancia que investigará los hechos con apariencia de delito, “y si así se considera se podrán girar órdenes de aprehensión”.
La Contralora planteó que desean recuperar el dinero, por lo que invitó a los servidores públicos que consideren tomaron el recurso del erario del Estado, a devolverlo, al puntualizar que lo necesitan para que haya obra y más avance en la Entidad.
Aseguró que los responsables pueden acudir a buscar algún tipo de acuerdo reparatorio: “pueden regresar el dinero y recibir los beneficios que el mismo código penal señala y permite; no es algo que se haga de manera ilegal, o que se busque hacer un cobro, tienen que regresar al Estado lo que se llevaron”.
Advirtió que los acuerdos reparatorios deben lograrse ante de emitir la sentencia, “porque existen casos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales”, y enfatizó que “este es un buen momento, porque el acuerdo puede llevarse a acabo incluso ante el Ministerio Público; todos aquellos que implementaron algún hecho con apariencia de delito, pregunten, investiguen, que se vea la disposición de devolver el dinero”.
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JG