Con las ocho denuncias que presentó la Secretaría de la Contraloría en la Fiscalía Especializadaen el Combate a la Corrupción ya suman 48 las demandas interpuestas de presuntos actos ilegales en donde algunos pueden configurar el delito de peculado, dio a conocer la Contralora, María Eugenia Enríquez Reyes, y precisó que fueron en contra de dos Secretarías, entre estas, la que fungió como Pesca en el sexenio 2015-2021.
De lo expuesto por el Secretario General de Gobierno Aníbal Ostoa Ortega, de que no protegerán a ningún exfuncionario público como al exgobernador Carlos Miguel Aysa González por uso injustificado de recursos, argumentó que “no tengo ningún trato con campechanos, no tengo familia aquí, no tengo algún compromiso que pudiera impedir revisar algún recurso que se deba ejecutar de manera adecuada”.
Afirmó que es una gran ventaja, además que “jamás hemos recibido alguna indicación o instrucción de que no haga mi trabajo o que se favorezca a alguien”.
Puntualizó que el martes 13 de septiembre presentaron ocho denuncias más: “contra dos Secretarías, una de ellas es la antigua Secretaría de Pesca” y añadió que no pueden dar mayor información o qué servidores públicos están involucrados al ser “una investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción y poco a poco se deslindan responsabilidades”.
Insistió que las “denuncias van a ser constantes en la medida que detectemos que procedan, ya sea administrativas o penales”, y justificó que en ese momento no tenía los montos de las ocho querellas en donde presumiblemente existe el delito de peculado, y detalló que “en la revisión y la auditoría se puede detectar un monto que haya sido distraído, o un monto que se contrató de manera indebida” e incluso aseveró que “algunos de estos montos pueden ser recuperables, aunque otros no”.
Subrayó que en determinados casos “nada más se castiga la conducta que realizó el servidor público” mientras que “en algunas ocasiones sí tiene que regresar el dinero o sí se le pide que regrese el dinero”, ya que depende del tipo de delito que descubra el Ministerio Público en la investigación”.
Enríquez Reyes precisó que estos hechos fueron del ejercicio 2020, por lo que también anexaron las pruebas que encontraron.
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JG