La alcaldesa de Calkiní Juanita Cortés Moo consideró como infundadas las acusaciones de los habitantes de su municipio, quienes le exigieron dar mayor atención a las vialidades de las comunidades más alejadas de la cabecera municipal, ya que en dichos trayectos las arterias son intransitables por los baches, ante lo que justificó su acción con la premisa de que sólo han atendido las calles más transitadas.
“No sé por qué dicen que no se trabaja si sí se hace, hemos dado mantenimiento a las calles más transitadas del municipio, porque ese es el paso de los turistas y de la gente que llega al municipio, entonces sí estamos trabajando en el mantenimiento a las vialidades”, dijo.
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Al ser cuestionada por la inversión de 29 millones 712 mil 520 pesos con 67 centavos en la realización de 31 contratos de obra divididos entre 21 contratistas durante el ejercicio fiscal del 2022, con recursos obtenidos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) en los documentos identificados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), únicamente respondió que fueron aplicados, además de evadir responder por qué el recurso no se implementó en poblados como Isla Arena, Tankuché o San Nicolás, donde las vialidades aún son de terracería.
Cabe recordar, que entre los 21 contratistas que benefició Cortes Moo, hubo tres que obtuvieron sumas millonarias por la supuesta elaboración de obras, donde la cantidad más grande la tiene Carlos Francisco Martínez Dionisio por la cantidad de 3 millones 50 mil 762 pesos, plasmada en el contrato con folio CLK-DDRE-FISM-01/2022; seguido de Carlos Antonio Almeyda Silva con el contrato con folio CLK-DOP-FISM-IR-02/2022, donde le otorgaron la cantidad de 2 millones 732 mil 331 pesos únicamente por la rehabilitación de carpeta asfáltica de dos vialidades.
Ante la evidencia que su Órgano Interno de Control (OIC) plasmó ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), desconoció quiénes fueron los contratistas, así como negó los señalamientos de los habitantes de Calkiní.
Además, ante la erogación injustificada de los 476 mil 715 pesos con 88 centavos que reveló la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) a través del Informe Individual de Auditoría con Motivo de la Revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2021, omitió brindar más declaraciones, a lo que únicamente respondió “es un tema que ya trata el Órgano Interno de Control”.
A pesar de que las autoridades fiscalizadoras brindaron noventa días para solventar los recursos correspondientes, la edil calkiniense no pudo solventar con la documentación presentada ante la Asecam en el primer semestre del 2022, por lo que será a finales del mes de octubre cuando la Auditoría brinde el segundo paquete de informes, donde anunciarán si iniciarán un proceso de investigación en su contra ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
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JG