En Campeche valen más 190 denuncias por delito de fraude que cualquier inversión millonaria que se haya hecho en el transporte urbano, y es un síntoma de la descomposición de un sistema rebasado por la colusión de funcionarios públicos y concesionarios no solo en la urbe políticamente más importante, San Francisco de Campeche, sino también en la de mayor peso económico del Estado y el país: Ciudad del Carmen, considerado como el bastión petrolero de México.
C.S.C., exdirector del Instituto Estatal del Transporte (IET), actualmente afronta un proceso penal al ser acusado de cometer fraude por 15 millones de pesos, por avalar concesiones para cuatro empresarios que controlan más de 200 “combis” y taxis, a los que presuntamente las vendió a precios que van de 400 mil a 600 mil pesos.
Mientras que, en las urbes, un grupo de empresarios mantiene el monopolio de las concesiones con lo que obtienen grandes ganancias en los municipios menos favorecidos, debido a que los usuarios tienen que decidir entre el “ostentoso” servicio de taxis o el inseguro uso de transportes ligeros como los mototaxis, que, además son deficientes y de precios elevados.
Además de ello, los choferes contribuyen al incremento en las estadísticas de los accidentes de tránsito; solamente en Ciudad del Carmen ocurre un percance vial cada dos días donde está involucrado algún vehículo que presta servicio de transporte público, ya sea autobús, taxi o mototaxi.
De acuerdo con información delÍndice de Incidencia Delictiva del Fuero Común que elabora el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del uno de enero, al 31 de diciembre del 2022, 113 personas perdieron la vida a causa de accidentes automovilísticos, lo que equivale al 97.41 por ciento de los homicidios cometidos de manera culposa en todo el Estado de Campeche, en su mayoría en carreteras y en el que las víctimas fueron abandonados sin la atención médica; además de que hubo mil 383 personas lesionadas en accidentes viales, incluidos los del transporte público.
Esto coloca a Campeche en el tercer lugar a nivel peninsular con mayores muertes culposas en accidentes de tránsito, solo por debajo de Quintana Roo donde en todo el 2022 los percances viales causaron 255 decesos: Yucatán tuvo 159 occisos registrados; y finalmente Campeche con 113 ciudadanos que perdieron la vida en accidentes viales.
En enero hubo nueve percances; febrero, nueve; marzo, 14; abril, ocho; mayo, 14; junio, ocho; julio, ocho; agosto, seis; septiembre, nueve; octubre, siete; noviembre 16 y diciembre 15, lo que da el total de 113 decesos registrados en el 2022.
Cabe recordar que el dos de junio 2022, un indigente fue atropellado por un camión urbano de la cooperativa “José María Morelos”, cuando el operador conducía a exceso de velocidad sobre las calles del barrio de Santa Lucía. El operador se escondió por dos días.
Además, el 18 de junio, el conductor de un autobús línea ADO procedente de Salina Cruz, Oaxaca, y con destino Cancún, tuvo un destino lamentable: falleció por su propia unidad, luego de descender para revisar unas fallas, esto en el municipio de Xpujil, Calakmul.
En San Francisco de Campeche, una de las urbes peninsulares donde el precio del boleto del autobús urbano -el más usado, por encima de “combis” y taxis- es de los más bajos de la región, con ocho pesos por adulto, 4 pesos por niño, según la última actualización en el costo que dio a conocer el Instituto Estatal del Transporte (IET) el 16 de diciembre del año pasado, ahora el gasto de un ciudadano por el uso del transporte público promedia entre 32 y 64 pesos por traslados al día.
Un comparativo de este gasto con el salario base, que es de 207 pesos por ley, revela que entre 16 y 31 por ciento se destina a la transportación citadina, o sea, entre una quinta y una tercera parte del ingreso mínimo. Pero si se toman dos taxis (ida y vuelta), el costo de 70 pesos -por distancias cortas- “se lleva” 40 por ciento de la percepción monetaria diaria.
Pero lo que más absorbe -o absorbía hasta hace poco- el transporte campechano no son los ingresos de los usuarios -aunque se lleva buena parte-, sino los públicos porque, desde 2008, los 15 dueños (concesionarios), con parque vehicular de unas 350 unidades, recibieron un subsidio para la compra de diésel con la intención de que el “ahorro” lo destinaran a la remodelación de los camiones, pero en 15 años no ha cambiado nada.
El líder del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), Florencio Mena Moo, solicitó, desde el principio, una mesa de trabajo con las entonces nuevas autoridades, pero hasta el momento, la administración de Layda Sansores San Román les ha dado largas, ya que los concesionarios no sólo piden subsidios sino que ahora exigen la destitución de Raúl Cárdenas Barrón, en el Instituto Estatal de Transporte.
Y la que, sin duda, no se ha bajado del sistema de transporte público es la corrupción: 50 transportistas recibieron concesiones a cambio del buen servicio porque está en manos de 15 transportistas (concesionarios), que son dueños de unas 350 unidades.
En realidad, las denuncias suman 190, por venta ilícita de concesiones, principalmente contra C.S.C., exdirector del Instituto Estatal de Transporte (IET) en la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, actual dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Además de estas sospechas de corrupción, a C.S.C. se le recuerda por haber impedido la entrada de los taxis de plataforma, en contubernio con el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) y la antes Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Por lo que fue removido en 2019.
En Carmen es aún más evidente la concentración del servicio en pocas manos y donde más resaltan los resabios del contubernio con el viejo régimen priista; ahí, más que dueños, los transportistas son caciques. Para empezar, Rosa Irma Reyes Compañ, madre de Luis Marín Reyes, quien fuera secretario de la Comuna, tiene 45 concesiones que funcionan bajo las “marcas” Lucero Iralex (25) y Shoholoza (20). Inició su emporio hace 30 años.
Ricardo Sosa Novelo, de “Perla del Golfo”, tiene 29 unidades; “Lo Nuestro”, de Raúl Linaldi, con 25 vehículos; “La Nueva Era del Transporte”, con 17 camiones, propiedad de Sebastián Pérez Montero. “Lorey”, también con 17 autobuses, en manos de José Luis Reyes. Finalmente, Sutucar (Turísticos del Carmen), con 16 concesiones, a cargo de Fernando Solís Montañez.
En las “combis”, Carlos Raúl Castillo Baqueiro, Ismael Herrera Navarrete, José Enrique Barragán y Roberto Durán controlan 106 permisos, a los que se suman un centenar de placas de taxi. Ellos son los “beneficiados” por C.S.C., hoy exdirector del Instituto Estatal de Transporte (IET), sobre quien pesan 50 denuncias por delito de fraude, que asciende a 15 millones de pesos.
Por cierto, Castillo Baqueiro, en complicidad con C.S.C., intentaron inflar el número de concesiones en las “combis” al pasar de 106 a 122, con la intención de venderlas en 300 mil pesos, pero las frenó el sucesor Juan José Castillo Zárate.
Sin embargo, el control de Castillo Baqueiro en los taxis fracturó el Sindicato Único de Trabajadores del Volante (SUTV) al ofrecer y vender concesiones bajo su protección. Desde hace cinco años comenzaron a surgir agrupaciones de taxistas como Radio Águila, con 20 unidades, representado por Plácido Ruelas; Taxi Aztecas, con 15 vehículos, dirigidos por Marcos Cocom Reyes; Radio Delfines, con 25 unidades, encabezados por Carlos Díaz; Radio Taxi “Isleños”, con 15 vehículos, a cargo de Esteban Ernesto Medina Guillén; entre otras agrupaciones.
Desde que C.S.C. llegó al IET en el 2015, mucho se le señaló por la forma irregular de entregar permisos y tarjetones, la venta de concesiones, además de que impidió el ingreso de taxis de plataforma como Uber a la capital campechana, en el 2016, en complicidad con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y el propio Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV). Aplicó multas estratosféricas a los conductores, recurso que se desconoce si fue a parar a las arcas de la Secretaría de Finanzas o a sus bolsillos.
Tanto fueron los señalamientos de corrupción que, en enero del 2019, fue removido del cargo como director del IET para pasar a Subsecretario de Gobierno de la Zona Norte, cargos que sirvieron de refugio para él y sus compinches en la política campechana.
En octubre del 2021, taxistas se manifestaron en el Poder Judicial de la Federación al enterarse del amparo a C.S.C., ante la denuncia por fraude en venta de concesiones; molestos señalaron su libertad a pesar de una orden de aprehensión, pues pagó una fianza de 10 mil pesos, pese a que el monto defraudado es de 15 millones de pesos.
En Ciudad del Carmen, Castillo Baqueiro, en complicidad con C.S.C., aumentó el número de concesiones de combis, de 106 a 122, con la intención de venderlas. 16 permisos de transporte colectivo, cada una con precio de 300 mil pesos cada una, solo que el fraude fue descubierto a tiempo por su sucesor, Juan José Castillo Zárate, quien mandó a corregir la publicación del número de concesiones de unidades colectivas en Ciudad del Carmen, en el Diario Oficial de Estado de Campeche.
Por si fuera poco, el transporte público está en medio de la polémica por la imprudencia con que se conducen los choferes; para muestra, tan solo en el mes de julio, al menos 21 personas resultaron heridas, en 14 accidentes de tránsito en los que estuvieron involucradas unidades del transporte urbano.
Los percances promedian 1.5 cada 24 horas, es decir, tres cada dos días, según un análisis de los datos de la Dirección de Vialidad y Tránsito de la Policía Municipal.
Prácticamente, en el 45 por ciento de los accidentes ocurridos en lo que va del año han estado involucradas unidades del transporte público de pasajeros y de este porcentaje, en la mitad ha “participado” algún chofer del Sindicato Único de Trabajadores del Volante (SUTV).
De acuerdo con Transporte Urbano Municipal (TUM), a cargo de Román Montuy García, las unidades urbanas totalizan mil 118 para una población de 192 mil personas; 108 son concesiones de “combis”, aunque en circulación solo hay 85, y hay entre 205 y 210 camiones urbanos, pero sólo están activos entre 180 y 190. En cuanto a los taxis son 800 permisos y están activos entre 750 y 775.
La estadística de la dependencia revela que hay un autobús urbano por cada mil 62 ciudadanos, una “combi” por cada dos mil 249 y un taxi por cada mil 249.
El resultado de un sondeo ciudadano fue categórico y es reflejo inequívoco del clamor generalizado: las condiciones del servicio deben mejorar. Jesús Antonio López asegura que las unidades, por fuera, se ven bien, pero “están para llorar, por dentro”.
Mónica Velázquez calificó el servicio de taxis como “entre malo y pésimo”, principalmente porque no se presta cuando se pide sino cuando se quiere; suben a otros pasajeros sin preguntarle al primer cliente si está de acuerdo. Dice que se siente insegura al viajar en estas unidades; en esto último coinciden María Cristina y Adriana, sobre todo cuando viajan de noche, ya sea en los vehículos de alquiler o en microbús.
Por su parte, Marco, un usuario de taxis de la península de Atasta, dice que el servicio es malo “en todos los sentidos”, desde la atención hasta las condiciones de autobuses, camionetas y automóviles.
En los otros municipios campechanos, como Escárcega, Candelaria o Sabancuy, la única diferencia es la cantidad de gente afectada por un servicio pésimo y caro. Manuel Jesús España Valenzuela, de la primera demarcación e integrante de la agrupación “La Faena España”, sugiere que se instaure el seguro de viajero y que el Instituto del Transporte realice revisiones periódicas para detectar anomalías.
Por su parte, Mauricio Alejandro Chan Chi, un usuario, insiste en que se requiere un servicio más barato como el que prestan los tricitaxis, porque cobran más barato (15 pesos) en comparación con mototaxis (25 pesos). Asegura que, cuando viaja en estos vehículos, se gasta hasta 80 pesos por día, algo no muy “lejano” a lo que “invierte” José Núñez Jiménez: 100 pesos en mototaxis porque viaja a varios lugares.
José dice que es necesario el uso de mototaxis en la ciudad, pero deben ser regularizados para que cuenten con seguro de viajero y que estén identificados para, en caso de algún accidente, no puedan evadir su responsabilidad al huir del lugar del hecho. Pidió, también, que cobren más barato que los taxis, pero es necesario que sus unidades estén en óptimas condiciones, ya que, cuando llega a utilizar este medio, se gasta cerca de 100 pesos, porque se tiene que trasladar a varios lugares.
En Candelaria, los usuarios deben pagar 60 pesos por viaje “regular” en taxi y entre 40 y 50 por un recorrido “corto” en triciclo. Pero este costo se duplica -alcanza los 100 pesos por persona- si el viaje es nocturno. Por eso, algunos exigen la entrada de los mototaxis, pero los taxistas no están dispuestos a aceptar la competencia.
Ahí, el crecimiento demográfico exige mayor oferta de transporte, así lo consideraron habitantes de la cabecera municipal, que diariamente ocupan de este servicio, quienes se quejaron de incrementos no autorizados en las tarifas, que pasó de 25 a 30 pesos en el día y de 30 a 40 pesos en las noches.
Los declarantes dijeron que es urgente que las autoridades realicen un estudio de factibilidad en donde se pueda determinar el incremento de unidades (mototaxis); pero admitieron que sería un duro golpe para los taxistas de este municipio, que tienen un monopolio, pero que no mejoran sus servicios y la calidad de atención.
En ese municipio, los usuarios gastan al día, para transportarse a sus centros de trabajo, unos 60 pesos, si se mueven en taxi; si es en triciclo, pagan de 40 a 50 pesos, según la distancia o la colonia, porque la tarifa de 15 pesos ya no existe. Acusan a los taxistas de aprovecharse de la lejanía de las nuevas colonias; por ejemplo, a las personas que tienen que entrar a su trabajo en la madrugada les cobran 100 pesos. No hay diferente en el gasto de estudiantes y amas de casa, porque la tarifa no varía.
Ante esta monopolización del mercado, algunas personas han alzado la voz para solicitar la entrada de mototaxis, para cubrir la demanda y sea competencia para las otras partes y puedan mejorar sus servicios, para que los mejores beneficiados sean los ciudadanos.
Esto también ayudaría a mejorar las unidades, pues algunas no están consideradas dentro del padrón de años del IET.
Los taxistas, por supuesto, no están a favor de los mototaxis por la “tremenda competencia” que significaría para ellos y tendrían que “ajustar” sus tarifas a las que “traigan” los nuevos competidores, como ocurrió en Escárcega.
Según ellos, lo que la ciudadanía pide no es factible porque, después de muchos años de trabajo, “no es posible que vengan otras personas” sin el mismo “recorrido” (experiencia) a prestar el servicio.
Al final, la ciudadanía consideró que dependerá de las autoridades competentes determinar si entran nuevos transportistas o exigir mejores tarifas y unidades en mejor estado a las agrupaciones que prestan a la ciudadanía el servicio en la actualidad.
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CC