Los recursos generados a través del pago del impuesto predial de la plantas de nitrógeno y proceso de gas, asentadas en la Península de Atasta, deben ser pagados directamente a las autoridades de la Junta Municipal y no al municipio, ya que por ley debe ser distribuido entre todas las comunidades que carecen de gran número de servicios públicos, como calles y alumbrado, señalo Gabriel Alejandro Pérez, habitante de la Comisaría de San Antonio Cárdenas.
Comentó que el bloqueo al Centro de Proceso y Transporte de Gas “Atasta”, de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se mantiene en tanto la paraestatal no pague a los atastecos, no sólo por el uso del terreno, que son más de 34 hectáreas, que es terreno ejidal, sino también que se comprometa a resarcir todo el daño que le ha causado a la zona desde que está operando, hace cerca de 40 años, lo mismo que con la Planta de Nitrógeno “Cantarell”, que también está en situación similar.
Dijo que la razón del bloqueo a la planta es porque la empresa no ha cumplido con los ejidatarios el pago por el uso de esos terrenos, situación que no es reciente, sino que lleva muchos años, “además peleamos que la planta como la de nitrógeno cumpla con el pago por el uso de suelo; en el caso de la planta de nitrógeno, desde hace 23 años se viene manejando una indemnización”.
Señaló que dichos recursos que paga la Planta de Nitrógeno “Cantarell” se han triangulado de forma injusta; “el error es que el dinero que paga la planta no va directamente a las comunidades sino que primero pasa por el Ayuntamiento y después va a la Junta; pero debe ser directamente pagado a la junta para que a través de esta se distribuya a las ocho comunidades de la Península de Atasta donde hay mucho atraso”.
En el caso del Centro de Proceso y Transporte de Gas, explicó que ignoran dónde terminan esos recursos, porque no llega a los ejidatarios. “Ese dinero lo da PEMEX para los ejidatarios; por eso estamos peleando”, alegó Gabriel Alejandro Pérez.
Enfatizó con el bloqueo, que ayer cumplió dos días, el martes no se llegó a ningún acuerdo con el directivo de PEMEX, Francisco Rivera, y el subsecretario de Gobierno C, Daniel López Lanz. “Se pidió que dejemos pasar los vehículos de las empresas, pero no lo permitieron porque también causan daño a las comunidades. Solamente están reclamando sus derechos”, acotó.
“Las autoridades de Nuevo Progreso no han hecho nada por su pueblo, el gobierno aporta, pero no llegan los recursos por la corrupción”.
“Me gustaría que el presidente municipal, Pablo Gutiérrez Lazarus, recorra las calles de Nuevo Progreso, para que vea en qué condiciones están. Se le ha pedido a Ermilo May, presidente de la Junta de Atasta, que vea por las comunidades, porque el comisario Vicente Ovando no está haciendo nada”, dijo el poblador.
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CC