Campeche

El exdirector del IET Campeche pidió 320 mil pesos a 200 taxistas de Campeche, los cuales le habría entregado a Alito Moreno para ser el líder del PRI

Un grupo de por lo menos 20 taxistas acudió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (Feccecam) para exigir que los jueces del Poder Judicial den cauce a la denuncia interpuesta contra Candelario Salomón Cruz por haberles cobrado por lo menos 320 mil pesos por ruletero, para ejercerlo en la campaña de Alejandro Moreno para la dirigencia nacional del PRI.

En el uso de la palabra, el representante de los taxistas en el lugar, José Manuel Pérez Cortázar, expuso que desde el 2019, fueron citados por Candelario Salomón Cruz en un predio de su propiedad en el municipio de Candelaria, a fin de darle un pago de 320 mil pesos para obtener su concesión.

“A nosotros nos citó Candelario para pedirnos un adelanto del costo de las concesión para comenzar con el trámite, que porque éramos de los primeros en la lista, que si no colaborábamos a alguien más le darían prioridad”, contó.

Puntualizó que fueron cerca de 200 ruleteros los que fueron citados a lo largo de aquel año para “obtener sus concesiones” por lo que, el recurso que obtuvo Candelario fue de 64 millones de pesos, que presuntamente fueron utilizados para que Alejandro Moreno obtuviera la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como para la campaña a la gubernatura de su sobrino Christian Castro Bello en el 2021.

Expuso que, las veces que la denuncia ha sido turnada ante los jueces locales, esta ha sido prolongada, e incluso, ha sido declarada como improcedente bajo el argumento que “el domingo que ocurrió el acto no estaba en funciones Candelario Salomón”, fue hasta que el asunto fue remitido a los jueces federales que dictaminaron que la investigación debe proceder.

Indicó que, lo único que han solicitado a las autoridades es que el exdirector del Instituto Estatal de Transporte (IET) les haga la devolución del dinero que le otorgaron, sin embargo, hay autoridades judiciales que hacen caso omiso a sus demandas.

Adelantaron que, si no reciben respuesta favorable comenzarán a tomar instalaciones de diversas instituciones públicas, incluidas las oficinas del Instituto Estatal del Transporte como medida de presión para dar celeridad con la investigación.

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GC