Durante la segunda sesión del tercer periodo ordinario de sesiones, los 28 diputados presentes en el recinto legislativo aprobaron por unanimidad de votos reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, para que las víctimas de cualquier tipo de violencia, puedan recibir atención, información y acompañamiento médico y psicológico de forma gratuita, así como no ser revictimizadas.
La reforma planteó la modificación al párrafo primero y la fracción V del artículo 2; las fracciones I, II y III del artículo 18; las fracciones XIII y XIV del artículo 23; el párrafo primero del artículo 24; el párrafo primero del artículo 25; el párrafo primero del artículo 26 todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche.
En el mismo sentido, obliga a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi) para emprender acciones para el otorgamiento de financiamientos preferentemente a mujeres, en especial, a jefas de familia o aquellas que sean o hayan sido víctimas de violencia, a fin de garantizar su derecho a la vivienda, mejorar su calidad de vida y la de sus familias, así como disminuir la brecha de género.
Así como a la Secretaría de Educación del Estado de Campeche (Seduc) a garantizar, mediante acciones, que la educación que se imparte en el Estado cumpla con la prohibición de discriminar por razón de género y evitar que las alumnas embarazadas sean expulsadas o sufran menoscabo en su derecho a la educación en los centros educativos.
En el caso de las instancias de justicia como la Fiscalía General del Estado (FGE), y la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) tendrán que procurar procedimientos expeditos y accesibles de impartición de justicia, contar con acceso a la atención integral, multidisciplinaria y transversal en los Centros de Justicia para las Mujeres, así como no caer en la revictimización.
Cabe recordar que del uno de enero al 31 de marzo del año en curso, en Campeche fueron iniciadas 606 carpetas de investigación referente a delitos contra la familia, de acuerdo con el Índice de Incidencia Delictiva del Fuero Común elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de estas, 523 denuncias corresponden únicamente por casos de violencia familiar, esta cifra representa el aumento del 11.4 por ciento respecto a las contabilizadas en el mismo lapso de tiempo, pero del 2022, cuando fueron contabilizadas 544 pesquisas.
Finalmente, fue promovida una iniciativa para adicionar la fracción VIII y los incisos a) y b) al artículo 5 de la Ley de Protección de los Adultos Mayores del Estado, para que las instituciones educativas, tanto públicas, como privadas, deberán incluir en sus planes y programas de estudio y de trabajo los conocimientos relacionados con las personas adultas mayores.
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LV