La rectora Sandra Martha Laffón Leal y su grupo cercano de colaboradores de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) le están mintiendo sistemáticamente a los trabajadores al no dar información fidedigna ni verificable, ni pagar cuotas sindicales retenidas desde 2022, así como el pago del Impuesto Sobre la Renta retenido al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que en este 2023 no se ha timbrado ningún recibo de nómina desde enero, además de que no han asignado las plazas presupuestadas y tampoco quiere pagar el bono por la revisión salarial y contractual, dio a conocer José Domínguez Narez, abogado del Sutunacar.
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Explicó que desde el 15 de marzo el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma del Carmen (Sutunacar) emplazó a huelga contra la Unacar, por la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
Sin embargo, la universidad en un principio no mostró disposición suficiente para entablar el diálogo y evitar que estas negociaciones se prolonguen, “se ha ido alargando porque por más de mes y medio se negaron a sentarse a platicar con el sindicato, y al contestar del emplazamiento argumentaron ante el juzgado laboral que el sindicato no existía y tampoco el secretario general, por lo tanto interpusieron el argumento de “falta de personalidad”.
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Precisó que dicho argumento inverosímil fue desestimado por la autoridad laboral, en virtud de que el sindicato tiene 40 años de existencia y que el secretario general está reconocido ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).
Después de esto iniciaron las negociaciones en un pliego petitorio de 28 puntos, dentro de lo más importante y trascendente está el pago a los jubilados y pensionados sindicalizados, el pago de cuotas retenidas durante el año 2022, el tema de las plazas que la Universidad no ha asignado, de personas que fallecieron, han pedido licencia o renunciado.
También han revisado lo del bono de la revisión contractual y salarial, entre otros puntos, situación que no ha sido la esperada.
Domínguez Narez subrayó que la rectora Sandra Martha Laffón Leal y su grupo cercano solamente se han dedicado a mentir, “hay una falta de oficio político, no quieren ser transparentes, han mentido sistemáticamente al establecer un punto en la mesa; nosotros hemos pedido información y cada vez que la presentan tenemos que creer en su palabra porque no exhiben documentos”.
Dentro de esta discusión, por ejemplo, el Sutunacar ha pedido a la Unacar explicar por qué no ha pagado el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que le retiene a los trabajadores, sobre todo en el ejercicio 2022 y en lo que se refiere al 2023 no se ha timbrado ningún recibo.
Había el compromiso de que el jueves 15 de junio estaría todo regularizado, quedaron con que iban a checar, que no saben qué está pasando, entonces, si los directivos de la Unacar no saben por qué no se timbra la nómina, entonces a quién le preguntamos y cuál es el problema por el que los trabajadores que pueden solicitar una devolución al SAT no pueden presentarse con estos saldos a favor porque les van a cobrar ya que la Unacar le pagó; una parte corresponde al exrector José Antonio Ruz Hernández desde el 22 de noviembre de 2022 y en la actualidad le corresponde a la rectora Sandra Martha Laffón Leal, porque ese dinero fue dispuesto para otros fines.
En este situación, hay un punto álgido en la mesa muy polarizado el cual es el pago del bono único por la revisión salarial y contractual, en este caso cada vez que el Sindicato solicita este término, que es cada año, “este bono es exclusivamente para los trabajadores sindicalizados porque es por revisar el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), pero sucede que en esta ocasión el bono presupuestado para este rubro es de dos millones 65 mil pesos y pretenden repartirlo entre mil 170 trabajadores, incluidos desde el rector hasta el trabajador con menos ingreso, ellos afirman que así quedó el año pasado, y de acuerdo con lo dicho por José Antonio Ruz había mil 100 trabajadores, hay 70 trabajadores más”.
En esta situación, como Sindicato se expuso que, si todo está presupuestado de esta forma, solicitaron que les den la documentación precisa.
“Luego argumentaron que es un presupuesto institucional y que ellos tienen derecho como personal de confianza a tener este bono, pero este sólo se debe dividir entre los trabajadores sindicalizados porque así lo establece el CCT un convenio de ejecución entre la Unacar y la Dirección General de Educación Superior e Intercultural (DGESUI) de la SEP; existe un apartado que se llama prestaciones no ligadas al salario y dentro de este aparecen obligaciones contractuales por más de 16 millones de pesos entre los que viene ese bono, y que le corresponden, pero la rectora, Sandra Martha Laffón Leal dijo que pretende dar menos para que quede un remanente, concluyó.
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LV