El Ayuntamiento de Campeche encabezado por Biby de la Torre afronta una carpeta de investigación ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (Feccecam) por negarse a entregar información en relación a más de 700 solicitudes de información.
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Lo anterior confirmado por el Comisionado Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (Cotaipec), Néstor Cervera Cámara debido a que la comuna capitalina ha mantenido la negativa de entregar información respecto a los convenios que sigla. Explicó que desde el 2022 a la fecha el Ayuntamiento de Campeche es el ente obligado que ha mostrado negativa por entregar información en relación a contratos de obra, bienes y servicios, por lo que ha sido denunciada formalmente ante la Feccecam.
Cervera Cámara adelantó que actualmente la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre y directores de la comuna capitalina tienen multas que ascienden en total a los 998 mil pesos, los cuales hasta la fecha han mostrado la negativa en cubrir, por lo que ello también fue turnado ante el ministerio público. Adelantó que de la misma forma han dado vista a la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Aseam) para que en el ejercicio de sus atribuciones y facultades requiera de manera formal los contratos en relación a la ejecución de recursos municipales por obra pública.
El presidente de la Cotaipec explicó que hay contratos que el Ayuntamiento de Campeche no reportó ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y en consecuencia no pueden consultarse en el Portal Nacional de Transparencia (PNT). Refirió que es preocupante que un ente público como el Ayuntamiento de Campeche que tiene a disposición más de mil 800 millones de pesos anuales no haga pública la información referente a la forma en la que ejerce los recursos asignados anualmente.
Recordó que es una obligación de todos los entes que reciban financiamiento público externar en las instancias que corresponden en un lapso no mayor a los 90 días la forma en la que operan trimestralmente, desde los pagos que realizan, obras, bienes, servicios, honorarios, todo aquello que involucre el uso de los recursos pagados por los campechanos.
