La recién nombrada como secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) Ingrid Pérez Campos fue señalada de estar bajo investigación al estar vinculada con el desfalco superior a los 112 millones de pesos atribuidos a la administración de Mayra Fabiola B.G.
De acuerdo con información que obra en el documento avalado por el Instituto Nacional Electoral (INE) con referencia alfanumérica UT/SCG/PRCE/LGSA/OPLE/ CAMP/4/2022, Ingrid Renee Pé- rez Campos está vinculada al desfalco en agravio del Organismo Público Local Electoral (OPLE).
El INE a nivel nacional presentó ante el consejo general que, en el caso particular de Campeche, no fueron entregados 112 millones 998 mil 480.35 pesos que fueron acreditados como adeudos del OPLE, así como existencia de saldos pendientes por pagar por un monto de 202 millones 094 mil 332.44 pesos hasta el cierre del ejercicio fiscal del 2022.
“Dichos adeudos denotan una mala administración o una incorrecta aplicación de los recursos públicos recibidos por el Instituto Electoral Local, lo que ha causado que el IEEC tenga una serie de repercusiones, lo que incluye el embargo a cuentas bancarias, así como el impacto financiero por los cargos accesorios”, señala el documento.
Quienes estuvieron involucrados en la denuncia fueron los propios consejeros electorales quienes incurrieron en la acción por omisión al no denunciar las conductas de no actuar con la efi cacia, efi ciencia y disciplina no sólo que requería la situación, sino a la que estaban obligados con motivo de su encargo.
Cabe recordar que el propio titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (Feccecam) Loreto Verdejo Villacís ha dado a conocer que existe una carpeta de investigación en relación a la administración anterior del IEEC, por lo que, de momento no ha dado a conocer nombres de los involucrados al tener derecho a la presunción de inocencia.
Información extraofi cial reveló que Pérez Campos cuenta con una carpeta de investigación en la Fiscalía Anticorrupción por un presunto mal manejo de 79 millones de pesos, y otra más en el Tribunal de Justicia Administrativa por tres presuntas faltas administrativas graves