Ante el anuncio de la Gobernadora Layda Sansores San Román del cese de 9 cabecillas de la protesta de los elementos policiacos, José Alejandro Grajales manifestó que aún no reciben la notificación de su inhabilitación y subrayó que el planteamiento irrevocable es la renuncia de la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez.
Con respecto a los nombres de los policías que nombró la mandataria estatal, entre ellos el suyo, consideró que son quienes se desempeñan como voceros de los policías.
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Argumentó que la notificación de baja debe estar sustentado en el debido proceso, ya que existen reglamentos que rigen su actuar, como la Ley Nacional de Seguridad Pública, entre otros lineamientos.
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Aclaró que cuando reciba la notificación es cuando procederá a su defensa jurídica, mientras tanto siguen en el movimiento por la defensa de sus derechos humanos.
Añadió que mientras no existan los elementos jurídicos solo son "dimes y diretes" con la administración estatal. De la imputación de que exista la banda de "Los Chacales" dentro de la corporación policiaca negó tal acusación, así como el audio que difunden en redes sociales, ya que con la tecnología pueden replicar voces.
De la inconformidad de los elementos del C5 consideró que a simple vista parece que el procedimiento en su contra está fuera de la ley. Además, advirtió que quienes se desempeñan en el C5 requieren capacitación para el manejo adecuado del equipo. Agradeció el respaldo de los 200 elementos del C5 que generó las acciones en su contra.
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