La reforma judicial perjudica los derechos de los trabajadores pero también abre la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión efectiva sobre los poderes judiciales advirtió la Jueza Laboral Federal, Lucía del Socorro Huerdo Alvarado y aseguró que no defienden privilegios sino que las personas, “tengan juzgadores que solo obedezcan a la Constitución y no a quienes detentan el poder”. Con respecto al paro de labores en Campeche precisó que aún no tienen un acuerdo de suspensión sin embargo consideró que de aprobarse sería para el miércoles 21 de agosto, por lo que trabajarían de forma normal lunes y martes. Y aclaró que los asuntos de importancia o prioridad les darían atención para su resolución.
Al emitir una postura con respecto a la iniciativa de reforma judicial propuesta por el Ejecutivo para que se apruebe con los nuevos integrantes del Poder Legislativo en septiembre planteó que una reforma judicial apresurada pone en riesgo la división de poderes, los derechos y el futuro de las generaciones venideras, porque envía una mala señal a los inversionistas nacionales y extranjeros, de cuyo capital depende en buena medida el desarrollo económico y el empleo.
Señaló que de permitir que los juzgadores sean electas por voto popular, corren el riesgo de politizar el sistema judicial, además de que los juzgadores podrían verse tentados a tomar decisiones basadas en la popularidad, en lugar de la justicia y el derecho, vulnerando los principios básicos del Estado de Derecho. Manifestó que cuando la justicia se convierte en un juego político, los derechos humanos de quienes no tienen voz ni poder se ven relegados, además de que no pueden subestimar la gravedad de lo que implica una crisis constitucional para la gobernabilidad del país.
Propuso que la iniciativa de reforma judicial contemple profesionalización de policías y fiscales, robustecimiento de las defensorías públicas, mejora de la administración de justicia encomendada a tribunales locales, agrarios y contencioso-administrativos, regeneración del sistema carcelario y certificación de los estudios profesionales de Derecho. En mensaje a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo le piden que se pronuncie por transformar la justicia con altura de miras con diálogo cierto, con un calendario preciso para el diagnóstico, la discusión, el diseño y la redacción y las fechas de entrada en vigor de una reforma que harían de la nueva legislatura y de ella misma, con tantos y tantos que están comprometidos con la justicia.
Por lo que solicitó que la próxima Legislatura Federal y gobiernos entrantes detengan en septiembre el actúa proceso de reforma, dadas sus tantas imperfecciones, para reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada. Aseveró que todos en la judicatura, loa más de 50 mil, hombres y mujeres, que la conforman, apoyarán las mejores propuestas de enmienda a la Constitución y a las leyes que se ventilen en el Congreso de la Unión.
Aunque enfatizó que septiembre de 2024 puede convertirse en una fecha fatídica para el país, sí el Congreso entrante y la futura Presidenta se empeñan en aprobar la iniciativa, haciendo oídos sordos de tantas advertencias y menospreciando propuestas alternativas de mejor factura. Expuso que las y los integrantes de la Judicatura forman una coalición para la defensa de la independencia judicial y, en su caso, acordarán la suspensión temporal del trabajo, en uso de un derecho de rango máximo.
Dijo que la suspensión de labores, como última medida, la emplearían con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales. E invitó a la sociedad civil a que se sume a la causa cuyo único interés, insistió es preservar la vigencia de la tutela judicial de los derechos humanos de todas las personas.
JY