Marta Núñez Sarmiento*
LI
Continúo presentándoles cómo utilicé el análisis de documentos para escribir esta investigación.
La campaña de alfabetización de 1961 fue una de las primeras políticas sociales que propició la feminización de la educación, que redundó en la futura alta calificación laboral femenina. Las mujeres representaron el 59 % de las fuerzas alfabetizadoras y el 55% de los alfabetizados y alfabetizadas.1 En un solo año se propició que alumnos y maestros aprendieran unos de otros a medida que inauguraban uno de los espacios de igualdad más importantes: el de la educación. La nacionalización de la enseñanza se produjo ese año y favoreció también la feminización de la educación, porque las niñas y las jóvenes se incorporaron a la enseñanza y permanecieron en ella de manera creciente. Veinte años después las muchachas comenzaron a participar mayoritariamente en la matrícula y la retención escolar de la secundaria y el nivel preuniversitario. Una de las razones para que esto se diera en el preuniversitario fue que los muchachos matricularon preferentemente en cursos de educación técnica y profesional con el objetivo de acceder más rápidamente al mercado de trabajo, a la vez que adquirían el nivel de instrucción de duodécimo grado. Desde los ochenta comenzó en el país una paulatina feminización de la enseñanza universitaria.2
Las mujeres que se incorporaron a la política social del pleno empleo se fueron transformando a sí mismas a medida que toda la sociedad cambiaba. Desde inicios de los sesenta se aplicaron medidas que en aquel momento no se calificaron como “acciones afirmativas” para eliminar las desventajas sociales de las mujeres en materia de empleo, pero que analizándolas retrospectivamente cumplieron ese objetivo de manera diferenciada. Entre 1961 y 1969 existieron varios programas de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) con los ministerios de Educación, Trabajo, Salud, de las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional de la Reforma Agraria que experimentaron diferentes vías para convertir a las mujeres en asalariadas.
Así, una vez concluida la Campaña de Alfabetización, el plan de las escuelas para campesinas Ana Betancourt trasladó a la capital a decenas de miles de muchachas de las montañas, que eran las zonas más atrasadas del país, a estudiar cursos de corte y costura. Se perseguía entrenarlas en un corto tiempo en una actividad remunerada que les produjera ingresos propios y que ampliara su visión del mundo. Otro plan fue el que propició que las empleadas domésticas (sirvientas) estudiaran en escuelas nocturnas y se entrenaran como conductoras de taxi, empleadas bancarias y operadoras telefónicas. Hubo varios planes para incorporar a las mujeres de zonas urbanas en empleos agrícolas: en unos las trasladaban diariamente a los campos, como fue el caso de la cosecha de algodón en las provincias occidentales, mientras que en otros las mantenían albergadas por varios días en las zonas rurales, como fue el caso del Plan Banao en el centro del país. Ambos planes fueron creados para favorecer la participación de mujeres en la fuerza laboral. Las brigadas sanitarias de la FMC propiciaron que las brigadistas, entrenadas para ofrecer los primeros auxilios en caso de agresión y para realizar campañas sanitarias en zonas intrincadas, comenzaran a trabajar como enfermeras y técnicas de la salud. Por último, durante los años 1969 y 1970 las cubanas sustituyeron a los hombres en sus puestos de trabajo cuando estos marcharon como voluntarios a la zafra azucarera de los 10 millones de toneladas. Cuando concluyó esta enorme movilización y los hombres retornaron a sus empleos, ellas se mantuvieron como asalariadas y no fueron devueltas a sus hogares para que volvieran a su condición previa de amas de casa, marcando una diferencia con experiencias similares en otros países.3
Las cifras de cada una de estas actividades no dicen mucho. Su valor reside en que nutrieron a los dirigentes del país y a la organización femenina de vías distintas, para que las mujeres accedieran al empleo en las condiciones concretas de Cuba de los primeros diez años posteriores al triunfo de 1959, y para que a partir de 1970 las mujeres se incorporaran a la fuerza laboral activa de manera permanente y creciente.
Según el Censo de 1953, menos de la quinta parte de los ocupados eran mujeres (el 17.6 %). De las mujeres ocupadas casi una tercera parte (30 %) trabajaba en el servicio doméstico y en trabajos del grupo ocupacional de conserjes, lavapisos, barrenderos y porteros, el 14 % realizaba labores de oficinistas y el 12 % eran maestras. Solo el 16 % de las ocupadas se desempeñaba como profesional y técnica y el 2 % ocupaba cargos de dirección. El censo de 1981 demostró que prácticamente la tercera parte de los ocupados (31 %) eran mujeres y de ellas más de la mitad (55%) correspondía a ocupaciones intelectuales, el 12 % al comercio y a la alimentación pública y el 10 % a la industria. En 1953 el 74 % de las mujeres en edad laboral eran amas de casa y en 1981 esta proporción se redujo al 47 por ciento.4
La feminización de la educación influyó en que desde 1978 las mujeres ocupadas comenzaron a tener niveles educacionales más elevados que los hombres ocupados. En 1986 el 12 % de las mujeres asalariadas eran universitarias a la vez que el 7 % de los hombres asalariados tenía nivel de educación superior. El 35 % de las mujeres ocupadas tenía 12 grados de instrucción en relación con el 27 % de los hombres ocupados.5
Estas acciones para promover el empleo femenino y asegurarles un salario que contribuyera a su independencia como proveedoras de ingresos a sus hogares se complementaron con medidas legales, con políticas sociales y con acciones para transformar la ideología patriarcal, que también contribuyeron a romper los ciclos que reproducían las desventajas de las cubanas en lo material y espiritual. Resumiré algunas de estas medidas.
En los sesenta se crearon la Secretaría de Producción en la FMC, el Frente Femenino en la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y las comisiones de empleo femenino que incluían a representantes de estas dos organizaciones y a las delegaciones del Ministerio del Trabajo en las regiones del país para asegurar la incorporación y permanencia de las mujeres a los empleos. Ya a inicios de los años setenta, estas instancias conocían que la inestabilidad de la fuerza de trabajo femenina se debía, ante todo, a la presión de las tareas domésticas, a la inexistencia en muchos centros laborales de condiciones materiales de trabajo específicas para las mujeres y a la falta de incentivos económicos. Entre las medidas más exitosas para enfrentar este último problema estuvo estimular la calificación y recalificación de la fuerza laboral femenina, lo que condujo a la elevada participación entre los profesionales y técnicos que comenzó a manifestarse desde fines de los setenta. La carga de la segunda jornada continuó siendo una enorme dificultad que todavía hoy se arrastra. En cuanto a la creación de condiciones materiales propicias para las mujeres en sus puestos de trabajo, estas se fueron introduciendo lentamente y no siempre respondían a las necesidades de las trabajadoras, más bien respondían a las percepciones de los hombres que las diseñaban. Esta demanda solo se fue logrando cuando empezaron a aparecer las mujeres dirigentes en los cargos administrativos, en los sindicatos y en el Partido en los centros de trabajo, desde mediados de los años ochenta.
Las mujeres que accedieron a los empleos pudieron avanzar en su superación educacional y promovieron hacia ocupaciones cada vez más complejas y mejor remuneradas. Además, la garantía de que sus hijos e hijas accederían a la educación desde la primaria hasta la universidad les daba un sentimiento de seguridad personal que les permitió permanecer y avanzar en sus ocupaciones. El cuidado de sus hijos en edad preescolar comenzó a convertirse en realidad en 1961 con la creación de los primeros círculos infantiles, con las escuelas de formación de personal para esas instituciones y con los jardines de la infancia, que fue una experiencia paralela a los círculos iniciada a mediados de los 60. Los comedores escolares en las escuelas primarias y la implantación de la doble sesión en ellas con auxiliares pedagógicas que atendían a los educandos contribuyó a que las mujeres trabajadoras permanecieran en sus empleos. Las becas para los jóvenes que las requirieran en los distintos niveles de enseñanza hasta la universitaria también contribuyeron en este sentido.
Los bajos índices de salud de las mujeres y de sus familiares comenzaron a resolverse con la gratuidad de la salud pública, que aseguró, entre otros, la vacunación de toda la población, la atención a las embarazadas, las consultas de puericultura, el acceso a los métodos de planificación familiar, las pruebas citológicas y de cáncer de mama, el acceso a los distintos niveles de los servicios de salud, desde las policlínicas hasta los institutos especializados. Todo esto creó en las mujeres una cultura de salud que les permitió crear hábitos en ellas y en sus familias para prevenir enfermedades y saber cómo enfrentarlas cuando estas aparecían. Sin embargo, sus hábitos de cuidadoras de los miembros de sus familias les “otorgaron” que asumieran “legítimamente” esta parte de la segunda jornada sin compartir la faena con los hombres.
En Cuba no existía un sistema de seguridad social controlado por el Estado antes de 1959. Durante los años sesenta y setenta se adoptaron legislaciones para universalizar la seguridad social y la asistencia social, lo que benefició a las trabajadoras y a las madres solteras. Las primeras tuvieron aseguradas sus pensiones por jubilación, por incapacidad para continuar laborando y ante la muerte de sus cónyuges. Las pensiones de sus padres contribuyeron también al presupuesto familiar. La Ley de Maternidad fue incluida dentro del Código Laboral en 1974 para regular la licencia de maternidad de las trabajadoras. Las madres solteras recibieron pensiones pequeñas que contribuyeron a la crianza de sus hijos e hijas hasta que comenzaran a trabajar. Se exigió por ley que los padres pagaran una pensión alimenticia a sus hijos una vez que se divorciaran o separaran de sus parejas.
El Código de la Familia, que fue aprobado en 1975, estipuló los derechos y los deberes legales de todos los miembros de esta institución, para contribuir a eliminar las desigualdades y las discriminaciones que se producían en su seno. En su momento constituyó un instrumento legal muy avanzado que insistía en la participación de todos los miembros de la familia en las labores para reproducir la vida como vía para quitar esta carga a las mujeres.
Continuará.
Notas
1 Federación de Mujeres Cubanas: Memoria, p. 13.
2 Oficina Nacional de Estadística: Perfil Estadístico de la mujer cubana en el umbral del siglo xxi, La Habana, 1999, p. 116.
3 Federación de Mujeres Cubanas: Ob.cit., pp. 15-18.
4 Oficina Nacional de Estadísticas: Ob. cit., pp. 144.
5 Cálculos hechos por la autora a partir del Anuario Estadístico de Cuba 1988, Comité Estatal de Estadísticas, cuadro IV.16, p. 202.