El senador de Morena Ricardo Monreal ha presentado lo que sería el primer borrador para la regulación a redes sociales en México, un documento que, en vez de ser presentado en el Senado como normalmente ocurre, fue subido directamente a su página para que cualquiera lo pueda descargar y envíe sus comentarios.
En su solicitud, las redes sociales deben cumplir con una serie de requisitos que el IFT tendría que emitir y no podrán modificar sus términos y condiciones sin previa autorización del instituto.
"Las personas físicas y las morales que se consideren redes sociales relevantes en términos de lo dispuesto por el artículo 3, fracción LXII de la presente Ley, requerirán autorización de dicho Instituto para prestar el servicio de redes sociales. El Instituto establecerá los requisitos atinentes mediante lineamientos de carácter general", señala el documento.
Asimismo, en la propuesta señala que deberá haber un mecanismo para suspender una cuenta o perfil o eliminar un contenido cuando los términos y condiciones sean violados; en esos mecanismos puede haber algoritmos de detección, pero cuando se trate de dar de baja definitivamente una cuenta la decisión deberá ser tomada por un equipo de especialistas en derechos humanos y libertad de expresión.
"Debe ser por medio de la deliberación democrática que se establezcan límites a la actuación de las empresas privadas dueñas de las redes sociales", indica el texto de Monreal.
En todos los casos, dice el borrador, deberá haber derecho de impugnación por parte de los dueños de las cuentas suspendidas o eliminadas. El proceso deberá estar en los términos y condiciones de las redes sociales y todas las impugnaciones deberán ser resueltas en un plazo no mayor a un 24 horas.
Si el proceso no fuera expedito, entonces el Instituto Federal de Telecomunicaciones podrá atender quejas de a quien le fue eliminada o suspendida una cuenta.
"Lo anterior, en virtud de que, a consideración del que suscribe la presente iniciativa, deben considerarse a las redes sociales un recurso democrático puesto a disposición de toda la población, por lo tanto, al ser el principio democrático una cuestión de orden público, es ineludible que la manifestación de las ideas a través de esta herramienta tecnológica debe ser regulada de forma clara, con el fin de proteger este principio y los derechos humanos correspondientes", señaló.
Con información de El Financiero
SY