Durante los últimos años, México ha experimentado un aumento preocupante en crímenes de odio dirigidos hacia la comunidad trans, reflejando una problemática profunda en cuanto a la aceptación y respeto de los derechos de las personas trans.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), se registraron 79 casos de crímenes de odio basados en la identidad de género en 2022. Este número representa un incremento alarmante con respecto a años anteriores, resaltando la urgencia de abordar la transfobia de manera efectiva.
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Violencia y Discriminación Persistente
La comunidad trans enfrenta desafíos constantes, desde la discriminación en el ámbito laboral hasta la violencia física.
Estos incidentes afectan negativamente la calidad de vida de las personas trans y evidencian la necesidad de medidas más sólidas para proteger sus derechos.
A pesar de algunos avances legales en México para proteger a la comunidad trans, la implementación y aplicación efectiva de estas leyes sigue siendo un reto.
Es esencial un compromiso continuo para crear un entorno más inclusivo y seguro para todas las personas, independientemente de su identidad de género.
La transfobia en México es una realidad que requiere atención inmediata. La sociedad y las autoridades deben colaborar para erradicar la discriminación y garantizar los derechos de la comunidad trans.
De acuerdo con datos del proyecto de investigación Monitoreo de Asesinatos Trans 2023, de TGEU (Transgender Europe), entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se reportó el asesinato de 320 personas trans y de género diverso en todo el mundo.
A pesar de ser un número elevado especialistas consideran que no es una cifra cercana a la realidad, ya que muchos casos no se denuncian y algunos países no registran estos crímenes de manera sistemática.
De acuerdo con el portal alemán de estadística, Statista, América Latina y el Caribe lideran las estadísticas con 235 casos, representando el 73 por ciento de todos los asesinatos registrados globalmente.
El mismo sitio señala Brasil como el país más afectado, con 100 casos documentados, seguido por México y Estados Unidos con 52 y 31 casos respectivamente.
Del total de asesinatos registrados en el periodo de referencia, el 94 por ciento de las víctimas eran mujeres trans o personas trans femeninas.
Además, el 48 por ciento eran trabajadoras sexuales, mientras que el 80 por ciento de los asesinatos tenían un trasfondo de racismo.
México se encuentra ubicado en el segundo sitio de los países en el mundo con mayor índice de transfeminicidios.
De la totalidad de los asesinatos que se cometen contra la comunidad LGBTTIQ+ en el país, el 87 por ciento corresponde únicamente a mujeres trans, señaló el pasado mes de septiembre la activista y defensora de los derechos humanos, Kenya Cuevas, durante una conferencia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Cuevas señaló que a lo largo del tiempo, la violencia ejercida contra la población trans ha sido un problema social del que poco se habla.
Agregando que que fue a partir del 30 de septiembre del año 2016 cuando se comenzaron a visibilizar los delitos cometidos contra mujeres trans a lo largo del país y entidades como Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Veracruz y Chihuahua son los que cuentan con un mayor número de casos.
En su reporte ejecutivo de 2022, la organización “letraese” documentó este tipo de violencia de género y agresiones, detallando que en los últimos cinco años, suman al menos 461 muertes violentas de personas sexodiversas: 95 en 2017; 92 en 2018; 117 en 2019; 79 en 2020; y 78 en 2021.
La Conapred señala que se tiene que reconocer que el estigma y la discriminación es la respuesta de una sociedad con profundas raíces patriarcales y sexistas.
Y agrega que se mata no sólo con un arma, también se mata al negarse igualdad de derechos y oportunidades.
Por ello subraya la importancia de la incorporación de planes y programas en todos los niveles de educación sobre sexualidad.
Además de campañas públicas permanentes en contra de la discriminación. Dotar de mayores herramientas a las instituciones encargadas de combatir la discriminación y proteger los derechos humanos.
Finalmente expresa la necesidad de contar con programas de inclusión social en el ámbito educativo, laboral y de salud, así como la tipificación en los códigos penales de la figura de “Crímenes de Odio”.
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