CIUDAD DEL VATICANO, 24 de octubre (AP).- El Papa Francisco destituyó al obispo de Memphis, monseñor Martin Holley, cuya diócesis en Tennessee está siendo investigada por el Vaticano.
La Santa Sede no explicó las razones de la destitución. En un escueto comunicado emitido el miércoles, el Vaticano se limitó a decir que Francisco lo “relevó de su gestión pastoral” y nombró al arzobispo de Louisville, Joseph Kurtz, para reemplazarlo temporalmente hasta que se nombre a un nuevo obispo.
El lenguaje usado en el comunicado es el que suele utilizar el Vaticano cuando el Papa decide destituir a un obispo que se niega a renunciar voluntariamente.
Hace algunos meses, la Santa Sede envió a dos arzobispos para investigar las acciones de Holley desde que ascendió a obispo en el 2016, según versiones de prensa de ese entonces. Un asistente de Holley renunció abruptamente en junio.
Los resultados de la investigación del Vaticano no se han publicado. La diócesis de Memphis dio a conocer un comunicado el miércoles, pero no explicó los motivos de la destitución de Holley.
“Anhelo trabajar con sacerdotes, la curia y feligreses de la diócesis de Memphis para promover la estabilidad, la paz y la sanación hasta que el Papa Francisco designe a un nuevo obispo”, dijo Kurtz en un comunicado.
Holley fue nombrado obispo en octubre de 2016. Previamente había pasado tiempo como obispo auxiliar bajo el mando de los cardenales Theodore McCarrick y Donald Wuerl en Washington. Ambos hombres asistieron al nombramiento de Holley, reportó el periódico local The Commercial Appeal.
Hace unos meses, McCarrick renunció al Colegio Cardenalicio y fue retirado de la vida pública después de una serie de denuncias de abuso sexual que se remontan a su época como sacerdote en Nueva York y obispo en Nueva Jersey. Wuerl renunció hace unas semanas entre acusaciones de que encubrió varios escándalos de abuso mientras fungía como obispo en Pittsburgh.
Virginia investiga más casos de abuso sexual sacerdotal
La fiscalía de Virginia se unió a las autoridades de todo el país en la investigación de posibles casos de abuso sexual sacerdotal.
El fiscal general Mark Herring dijo el miércoles que la fiscalía y la policía estatal de Virginia investigan la posibilidad de que se hayan presentado casos de abuso sexual infantil en Virginia y si las autoridades eclesiásticas pudieron haber encubierto o “incitado dichos crímenes”.
Herring dijo que la investigación de la diócesis estatal de la Iglesia católica surgió a partir de la publicación de un reporte de un jurado investigador publicado en agosto que documenta décadas de abuso sexual infantil por parte de sacerdotes y el encubrimiento de líderes religiosos en Pensilvania.
El reporte también provocó la acción de las autoridades en otros estados, incluidos Maryland, Nueva York y Nueva Jersey.
Herring dijo que se instaló un servicio telefónico y en línea para que cualquier víctima reporte casos de abuso.
Corte chilena busca conciliación entre víctimas y obispado
Un tribunal chileno rechazó una posible prueba que amenazaba con empeorar el escándalo que desde hace tiempo ha sido la pesadilla de la iglesia católica local.
De acuerdo con una carta descubierta durante un allanamiento a la Diócesis de Valparaíso en septiembre, quien fuera el arzobispo de Santiago en 2009 admitió que un influyente sacerdote señalado por pedofilia no fue interrogado “por respeto”. Sin embargo, la justicia rechazó el documento y llamó al arzobispado capitalino y a tres víctimas del cura Fernando Karadima —el peor pedófilo de la historia chilena— a una audiencia de conciliación el 20 de noviembre, según un comunicado divulgado el miércoles.
Como era de esperarse, las reacciones ante la decisión no demoraron.
“Sepan todos que NO HAY CONCILIACION. Vamos a pelear hasta que no nos quede ningún recurso. Es una táctica más que favorece al arzobispado”, escribió en su cuenta de Twitter Juan Carlos Cruz, una de las víctimas que ha denunciado públicamente a Karadima.
Poco después, Cruz dijo a The Associated Press que presentará un recurso de reposición a nombre suyo y de otro par de víctimas, lo que implica que rechaza la audiencia de conciliación y pide un fallo al tribunal. Si éste fuera adverso, agregó, acudiría a la Corte Suprema.