Zheger Hay Harb
La Justicia Especial de Paz -JEP- aceptó el sometimiento del primer civil no combatiente y realizó la primera audiencia de su proceso.
Se trata de David Char, ex congresista del departamento del Atlántico -costa Caribe- que había sido capturado hace dos años por la justicia ordinaria pero recobró la libertad al ser aceptado en la justicia transicional.
La JEP había rechazado su solicitud pero modificó su postura en la sentencia de apelación por considerar que sus delitos fueron cometidos en el marco del conflicto armado interno “debido a que contribuyeron al esfuerzo de guerra al favorecer los intereses políticos, ideológicos y económicos de las Auc” previa su presentación de un plan de verdad sobre desplazamientos, participación de militares y agentes del Estado así como de empresarios y civiles en general y el compromiso de aportar la verdad plena. También tuvo que comprometerse con un programa concreto de reparación a sus víctimas. Su libertad está condicionada a que cumpla esos compromisos “de manera exhaustiva” o le serán revocados todos los beneficios.
El político reconoció su alianza con los paramilitares en las elecciones en las que resultó ganador, explicó cómo se compraban los votos con apoyo de los líderes barriales, cómo la Registraduría participaba con un sistema llamado carrusel en el que los votantes sufragaban en varias mesas de votación con el mismo documento de identidad. Dio detalles de la compra de votos, su precio y la manera como se le pagaba a quienes comprobaban que habían votado.
Lo que Char dijo en esa primera audiencia nos ha quitado lo que nos restaba de inocencia. Cuando participamos en jornadas extenuantes de vigilancia de la jornada electoral en representación de la Procuraduría como organismo de control, comprobando que hubiera vigilancia en cada mesa de votación y luego en el recuento de votos, garantizando que los reclamos de los partidos, que luego eran elevadas ante la Registraduría Nacional, con aval de los jueces, nunca pensamos que ese celo no fuera suficiente; comprobamos que hay una Colombia marginal en nuestras narices que logra burlar todas las talanqueras legales, no en la Colombia profunda, en las zonas apartadas, sino en Bogotá y todas las grandes ciudades.
Aseguró Char que los paramilitares no habrían podido entrar a Barranquilla si no hubieran contado con el apoyo de familias prominentes económica y políticamente. El mismo es miembro de una de las familias más poderosas del país, dueña de un emporio económico que abarca cadenas de almacenes y droguerías que dominan el mercado de la costa atlántica y buena parte del país, emisoras, droguerías y equipos de fútbol. Es primo hermano del actual alcalde de Barranquilla, el más popular de Colombia y que para las próximas elecciones tiene como seguros ganadores en la alcaldía de esa ciudad y la gobernación del departamento del Atlántico a sus candidatos, aunque hasta ahora nadie más del conocido clan ha sido vinculado formalmente a procesos de este tipo, aunque ha trascendido por la prensa que hay por lo menos indagaciones preliminares.
La JEP tendrá en cuenta en este proceso lo adelantado por la Corte Suprema en el caso por el cual lo condenó, que involucra asesinatos por cobro de cuentas del dinero del desfalco de las arcas estatales en varios departamentos y municipios, delitos en los cuales participaron varios jefes paramilitares así como administraciones distritales, departamentales y municipales.
De lo conocido hasta ahora queda claro que cuando los paramilitares se concentraron en la hacienda Ralito, propiedad de uno de ellos, en el proceso de su desmovilización promovida por Alvaro Uribe Vélez, seguían delinquiendo y recibían a jefes políticos y funcionarios públicos para arreglar sus negocios ilícitos y hacer cobro de cuentas.
La JEP anunció que la próxima audiencia, en la que Char deberá entregar información concreta con nombres de los responsables, se hará a puerta cerrada por motivos de seguridad.
Los secretos que guarda Char de la captura del Estado por los paramilitares se refieren no sólo a su ciudad y departamento sino a las administraciones de toda la costa. Los parapolíticos de la zona condenados por la justicia ordinaria cuando la Corte Suprema adelantó los procesos que le ganaron la enemistad del entonces presidente Uribe que en represalia montó un sistema de espionaje a ese tribunal, ya había mostrado cómo los paramilitares hicieron elegir sus fichas al Congreso.
Ahora, con el presente caso, queda comprobado que quedaron muchos en la sombra y que, gracias al compromiso con la verdad muy probablemente quedarán al descubierto. Ya no es sólo un asunto de delitos electorales por constreñimiento al elector, ahora el desfalco del erario, los homicidios, el despojo de tierras, los desplazamientos y las masacres, pueden quedar al descubierto.
El cotejo de estas declaraciones con las de las miles de víctimas y otros comparecientes puede llevar al desenmascaramiento de quienes estaban más arriba en la cúspide de la pirámide del paramilitarismo, ante los cuales los conocidos ex jefes de las autodefensas no fueron más que instrumentos por mucho que se hayan beneficiado.
¿Será por eso que el gobierno y su partido político están planteando la reforma de la JEP y han hecho todo lo posible para que los “terceros”, es decir los civiles no armados, que auspiciaron el fenómeno paramilitar y se beneficiaron de él no comparezcan ante la justicia de paz?