Jorge Gómez Barata
Descartado que lo ocurrido en Bolivia haya sido un plan de Dios, parece del demonio. Si ha sido urdido por el imperio, sigue siendo un misterio. A la conjunción de eventos prescindibles como la cuarta postulación de Evo, el referéndum fallido y la inocente apelación a la OEA, se suma la renuncia. La guinda del pastel es el desempeño del sector parlamentario del Movimiento al Socialismo (MAS).
Mientras no se aluda otra cosa, todo indica que la dimisión no fue colegiada con la jerarquía del Movimiento al Socialismo (MAS), no estuvo concertada con las direcciones del Senado y la Cámara de Diputados cuyos titulares después de que lo hiciera el presidente, renunciaron a sus cargos. Tales retiradas fueron decisivas porque allanaron el camino para que la vicepresidenta Jeanine Áñez se proclamara como presidenta provisional de Bolivia.
No obstante, días después, en condiciones de relativa seguridad, los senadores y diputados del MAS retornaron a sus curules, sesionaron y fueron electos nuevos líderes parlamentarios que otra vez recayeron en representantes del partido de Evo Morales.
Lo curioso es que una vez reconquistado los fueros parlamentarios, en lugar de resistir el golpe o maniobrar de algún modo, el MAS depuso la beligerancia y, durante el fin de semana del 22, 23 y 24 de noviembre, en una rara avenencia, la mayoría parlamentaria construida por Evo Morales en ambas cámaras, pactaron con los golpistas para aprobar por unanimidad el proyecto de ley titulado: “Régimen Excepcional y Transitorio para Realización de Elecciones Generales”, que ayer domingo fue promulgada por la presidenta interina Jeanine Áñez.
Francamente, no recuerdo un asunto de tanta trascendencia, en medio de las tensiones de un golpe de Estado que haya liquidado el más autóctono y legítimo proyecto político progresista en la región, con un presidente auténticamente popular, ahora exiliado y cuarenta muertos de por medio, que haya sido tratado de un modo tan expedito como la convocatoria a elecciones en Bolivia. En la firma de la ley estuvieron, Jeanine Áñez, presidenta interina y Mónica Eva Copa, presidenta del Senado por el Movimiento al Socialismo.
La mencionada ley anula las elecciones del 20 de octubre pasado ganadas por Evo Morales y ordena realizar otras en un plazo de 120 días. Los nuevos gobernantes decidirán el futuro político de Morales, actualmente exiliado, incluso la existencia del Estado Plurinacional de Bolivia en su diseño actual.
Por añadidura, este fin de semana finalizó el diálogo entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), las confederaciones de campesinos y mujeres campesinas, los indígenas del occidente y el oriente bolivianos y los representantes vecinales de El Alto, que acordaron poner fin a la movilización popular. Los puntos de bloqueo de carreteras fueron abandonados y comenzó a regularizarse el abastecimiento de alimentos y combustibles a la capital.
Al acomodo de las fuerzas internas, se suma el tenue rechazo internacional al golpe que, prácticamente, no ha sido condenado ni apenas criticado por la comunidad internacional y que en América Latina solo ha sido rechazado por México, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Uruguay. No lo han hecho la Unión Europea ni la ONU y países como Rusia, aunque critican el procedimiento, reconocen a la presidenta provisional Jeanine Áñez.
De momento, los más connotados líderes golpistas han sugerido que se presentarán a las elecciones. Mientras los “acuerdos” se cocinaban, se radicaba una causa contra Evo Morales por terrorismo, incitación a la violencia y sedición. Tales son los hechos. La paz no era imposible, pero nadie creyó que pudiera ser expedita.
No añadiré ninguna presunción ni incitaré a la “duda razonable” para que, como suele sugerir Reinaldo Taladrid, un popular presentador de la televisión cubana: “Saque usted sus propias conclusiones”.