CARACAS, Venezuela, 22 de diciembre (AFP).- Un militar murió este domingo durante un asalto a un destacamento de la Fuerza Armada venezolana en el sur del país, informó el ministerio de Defensa, que atribuyó el hecho a opositores respaldados por el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro.
“En la madrugada de hoy, fue asaltada una unidad militar al sur del país, por sectores extremistas de la oposición, siendo sustraídas un lote de armas de dicha unidad”, escribió en Twitter el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino.
“De este ataque terrorista resultó fallecido un efectivo de tropa del Ejército”, añadió el ministro, sin detallar dónde ocurrieron los hechos.
Padrino apuntó que, tras el asalto, varias unidades militares y policiales de la zona iniciaron la persecución de los atacantes, lográndose la recuperación de las armas, que no cuantificó.
Por su parte, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, aseguró que los agresores fueron “entrenados en campamentos paramilitares plenamente identificados en Colombia”.
“Recibieron la colaboración artera del gobierno de Jair Bolsonaro”, apuntó el ministro, quien confirmó la detención de seis personas.
Padrino reportó que los capturados “están aportando información de interés criminalístico” y que organismos de seguridad del Estado “están activados en persecución del resto”.
Varios medios locales informaron más temprano que el suceso se produjo en la Gran Sabana, una de las principales zonas turísticas del país petrolero, en el minero estado Bolívar (sur), fronterizo con Brasil.
Los asaltantes, apoyados por un grupo de indígenas, tomaron un destacamento militar y una estación policial, llevándose más de cien fusiles, señaló el portal digital El Pitazo.
El 14 de diciembre, el gobierno socialista acusó a dos parlamentarios de fraguar una tentativa golpista contra el presidente Nicolás Maduro, con la supuesta complicidad del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por medio centenar de países.
Según Rodríguez, el plan, que incluía la toma de dos cuarteles en el estado Sucre (este), formaba parte de una presunta conspiración que sus autores buscaban extender a Caracas y otras regiones.
Denuncia “posiciones injerencistas” de UE y Bachelet
El gobierno de Nicolás Maduro denunció este domingo que la Unión Europea (UE) y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “pretenden interferir” en la justicia venezolana.
“A través de posiciones injerencistas”, ambas instancias “pretenden interferir en los procesos que adelanta el sistema de justicia venezolano”, reflejando así un “inaudito sesgo”, apuntó Cancillería en un comunicado.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, condenó el sábado a Venezuela por haber levantado fueros a cuatro diputados opositores, alegando que se trataba de una grave violación de la Constitución.
Por su parte, Bachelet pidió el pasado miércoles al gobierno y oposición venezolanos que reanuden las negociaciones para encontrar una solución a la crisis en el país petrolero, con una inflación estimada en 200,000 % por el FMI para el cierre de 2019.
Ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la diplomática describió una preocupante fotografía de Venezuela, enumerando diferentes actos de violencia e intimidación, la desnutrición infantil o los actos de milicias armadas y las ejecuciones extrajudiciales.
El gobierno socialista ha acusado a la expresidenta chilena de “mentir” tras presentar en julio de un informe que denuncia supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas por cuerpos de seguridad del Estado venezolano.
“Venezuela insta” a Borrell y Bachelet “a ocuparse por sucesos graves que ocurren en la región”, expuso el documento, recordando la “judicialización política” del mandatario boliviano Evo Morales –aliado de Maduro–, con una orden de detención emitida en su contra por parte del gobierno de transición de su país.
El mes pasado, la UE prorrogó por un año las sanciones existentes, incluyendo un embargo de armas, así como la congelación de activos y la prohibición de viajar para 25 personas cercanas a Maduro, acusadas de abusos de derechos.