Zheger Hay Harb
La justicia especial de paz –JEP- es el corazón del acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las FARC, la guerrilla más antigua y mayor del continente para dejarlo sólo en términos americanos. De ella depende en muy buena parte la participación política de los antiguos guerrilleros, la devolución de las tierras usurpadas y la reparación a las víctimas del conflicto armado interno.
La participación política fue la razón principal para la desmovilización de la antigua guerrilla para seguir, por medios democráticos, los ideales que los llevaron a alzarse. El caso del ex comandante Santrich es emblemático para mostrar que la JEP es esencial para hacer efectivo ese derecho: la falta de decisión sobre su caso ha ocasionado no sólo que no pueda gozar de la libertad a que tiene derecho sino que no pueda ocupar su curul en el Senado.
El problema se inició cuando Estados Unidos solicitó al gobierno colombiano su extradición porque supuestamente había incurrido en el delito de narcotráfico después de la firma del Acuerdo de paz. En él se consignó una garantía de no extradición a los desmovilizados que hubieran delinquido antes de la firma para brindarles seguridad jurídica. Como la JEP debe certificar la fecha de comisión del supuesto delito, ésta decidió que para hacerlo necesitaba practicar pruebas, por lo cual solicitó al país demandante que le enviara las que tuviera.
A partir de ahí y por encima de la oposición del gobierno, la JEP ha insistido en la necesidad de las pruebas para poder decidir y fijó un plazo de 40 días, a partir de su solicitud, que presentó por intermedio de la Cancillería, el cual se venció la semana pasada.
Ante la ausencia de respuesta se descubrió que la carta nunca llegó al Departamento de Justicia de Estados Unidos; la Cancillería la envió al Ministerio de Justicia y la jefe de esa cartera no tuvo mejor idea que mandarla por el correo ordinario que cualquier colombiano que haya requerido sus servicios para envíos al exterior sabe que no funciona. No sabía ella que existe valija diplomática, embajada de Colombia en Estados Unidos y embajada de ese país en el nuestro, por donde hubiera podido garantizar la entrega. Según la ministra, luego de aplicar correctivos, la carta ya fue entregada. Pero el embajador Whitaker dice que no ha llegado nada.
El asunto de la carta no pasaría de ser un papelón monumental si no fuera por sus consecuencias, porque ahora se plantea si, vencidos los términos para su detención, Santrich debe ser puesto en libertad y entonces viene otro enredo que no es más que un intento de bloquear a la JEP: el cuestionado fiscal dice que no tiene competencia para declarar la libertad, la Corte Constitucional dice que sí le corresponde y el tribunal de paz hace equilibrios para sortear las trampas que le oponen. Mientras tanto, Santrich sigue preso y sin poder ocupar su curul.
No es el único intento por acabar con la justicia transicional: la ley estatutaria del sistema de justicia transicional –su columna vertebral- fue aprobada por el Congreso en diciembre de 2017 y declarada exequible por la Corte Constitucional en julio de 2018. Sólo le falta la sanción presidencial pero el presidente aún no la firma. ¿Dónde está la ley? ¿En lo más profundo de un cajón en el escritorio presidencial, o el presidente del Senado, tan de los afectos del ex presidente Uribe no la ha mandado? Entre el Palacio presidencial y el Capitolio no hay más de 100 metros. ¿La habrán mandado también por el mismo correo donde se perdió la carta de Santrich? No hay que hacer mucho esfuerzo para pensar que el presidente está buscando objetar la norma y todavía no ha encontrado la manera de hacerlo luego del aval de la Corte.
Es una zancadilla política porque a pesar de que de labios para afuera Duque dice que apoya la JEP su partido, el Centro Democrático, todos los días la ataca. Incluso la senadora Paloma Valencia, que no da un paso sin el visto bueno del ex presidente Uribe, propuso realizar un referendo para acabar con ella.
Pero antes de llegar a este punto, ya la JEP había tenido que salvar obstáculos y reformas que la desvirtuaron y la convirtieron en algo muy distinto al ente que el gobierno y la guerrilla en trance de desmovilización concertaron para lograr una justicia restaurativa que garantizara justicia en los graves crímenes que se cometieron en el marco del conflicto armado interno, la verdad de lo ocurrido, la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición.