Zheger Hay Harb
La nota colombiana
El acuerdo de paz firmado en diciembre del 2017 entre la guerrilla de las Farc y el Estado colombiano se encuentra en estado crítico, según el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Los 15 países que lo integran hacen esa afirmación basados en el asesinato de ex combatientes, la lentitud en la implementación del acuerdo y las demoras e intentos de frenar la aprobación de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz –JEP-.
El Consejo de Seguridad asumió ser garante del proceso de desmovilización y de la concentración de los desmovilizados en campamentos especiales que cuentan además con un anillo de la fuerza pública. Ya cercana la expiración de tiempo para el cual habían sido creados estos territorios, el presidente de la República acaba de anunciar que prorroga su vigencia. Ese hecho si bien coyunturalmente permite solucionar una urgencia, es la comprobación de que quienes allí habitan en espera de su ubicación definitiva para desarrollar un proyecto productivo aún no cuentan con una base firme para su reinserción laboral y social.
El Secretario General de la ONU tomó como base para su afirmación el informe del jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Ruiz Massieu, el cual concluye de la siguiente manera: “Hago un llamado al Gobierno a que acelere la aprobación de más proyectos y el desembolso de los fondos, y que también asegure la aplicación de un enfoque de género en estos proyectos y que se tomen decisiones oportunas sobre el acceso a la tierra”. Para atender a más de 10.000 ex combatientes hasta el momento se han realizado apenas 1.774 proyectos individuales y colectivos.
Todos los interesados en que este proceso culmine en una paz estable y duradera, así como el Consejo de Seguridad, han resaltado la importancia de garantizar el acceso a la tierra, tal como contempla el primer punto del Acuerdo, que incluye a los campesinos, indígenas y afrocolombianos en los beneficios que la restitución de tierras y todos los componentes del desarrollo del campo.
Se ha hablado de la existencia de “ejércitos anti restitución de tierras” y la prensa ha mostrado casos como el de San Ángel, en el departamento del Magdalena, donde los miembros de la Agencia de Tierras del Estado encontraron a su llegada a los terrenos que iban a entregar a quienes les habían sido arrebatados, a hombres armados que saludaron amistosamente a los policías que hacían presencia para garantizar la seguridad de funcionarios y campesinos.
En cuanto a la seguridad de los ex combatientes, la organización Defendamos la Paz, creada luego de la firma de los acuerdos, le ha pedido al presidente que active la Comisión Investigativa contra el paramilitarismo, incluida en su articulado, pide a la fiscalía que judicialice a los responsables de los asesinatos y diga públicamente quiénes son los que se hacen llamar Águilas Negras que día por día hacen llegar amenazas a defensores de Derechos Humanos y Líderes sociales, cuyas muertes suman más de 500 y que en lo que va del presente año ocurre una cada día. De ellos, 178 son ex miembros de las Farc que se desmovilizaron. Según la revista Semana “de acuerdo con un informe de la ONU, entre los responsables se encuentran miembros del Clan del Golfo, las Autodefensas Gaitanistas, el ELN y las propias disidencias que quedaron tras la desmovilización del grueso de las Farc”.
Esta semana el turno macabro fue para un bebé de 7 meses, hijo de un ex combatiente del Bloque Caribe de las Farc, víctima de un atentado. El hecho conjuga en sí mismo varias de las debilidades de la implementación del acuerdo de paz: porque el bebé y sus padres vivían en el Espacio Territorial de Capacitación y Rehabilitación Simón Trinidad (nombrado en honor del ex comandante preso en Estados Unidos) que se supone está custodiado por la fuerza pública; porque no hubo posibilidades de llevarlo a la clínica más cercana; porque los habitantes del sector no se atrevieron a prestar un vehículo para el traslado de la victima por temor a represalias. La vicepresidente Marta Lucía Ramírez lanzó un trino con el que pretendía solidarizarse con los deudos diciendo que también le dolían “los niños de las Farc” como si un niño de 7 meses pudiera tener militancia alguna y como si su padre no se hubiera desmovilizado.
En relación con la Ley Estatutaria de la JEP cuya aprobación urge Naciones Unidas, el presidente, tal como señalé en una columna anterior, presentó seis objeciones “por conveniencia” para evitar su entrada en vigor. La Corte Constitucional, a donde fueron enviadas, las devolvió diciendo que deberían hacer tránsito en el Congreso. En la Cámara de Representantes fue derrotada estruendosamente la propuesta presidencial y ahora debe ser examinada en el Senado.
Como el presidente del Senado es un uribista sacado del fondo de la caverna del Centro Democrático, está haciendo cuanta pirueta se le ocurre para evitar el debate en el que muy probablemente sean derrotados como en la Cámara: ausencias para evitar el quorum y búsqueda desesperada de trapisondas con tinte jurídico como presentar una demanda o una tutela con el peregrino argumento de que la Cámara tendría que haber esperado a que se debatiera en el senado.
Ese debate ya se surtió y la Corte Constitucional falló que los debates pueden ser simultáneos en ambas cámaras (senado y cámara de representantes) o hacerse primero en una y luego en la otra. Así que esas artimañas serán derrotadas y si sigue alargándose el debate aprovechando que tienen la presidencia del senado, los defensores de la JRP podrán hacer uso del Estatuto de la Oposición y poner de primero en el orden del día el debate. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, no ha presentado su ponencia como miembro de la comisión accidental para estudiar el asunto, pero dos de los senadores del partido Verde y el Polo Democrático ya radicaron la suya negando de plano las objeciones presidenciales. Una derrota más del gobierno en el congreso gracias a la nueva coalición de centro e izquierda en defensa de la Justicia de Paz. Parece que vamos aprendiendo a unirnos en torno a lo fundamental.