Alfredo García
En torno a la noticia
La versión venezolana del modelo intervencionista sirio de EE. UU. se va perfilando con sus matices latinoamericanos.
Al día siguiente que el periódico The Washington Post publicara un enigmático reportaje sobre los trajines conspirativos de la Casa Blanca para derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en que no quedó claro si se trata de denuncia o justificación a la injerencia norteamericana en Venezuela, los autores cerraron el reportaje preguntando ¿Qué pasa si Guaidó solicita asistencia militar?
Al día siguiente, el jueves 9 de mayo, el jefe del Comando Sur, Craig Faller, en inusual declaración política, se puso a la orden respondiendo vía Twitter: “Cuando me inviten Guaidó y el gobierno legítimo de Venezuela, vamos a hablar sobre nuestro apoyo a aquellos líderes de la (FANB) que tomen la decisión correcta, que respeten a los venezolanos primero y se restaure el orden constitucional. Estamos listos”, prometió el veterano guerrero en insólita instigación al golpe de Estado.
Dos días después, el pasado sábado, en escuálida concentración de unas 2 mil personas en la plaza Alfredo Sadel, de Caracas, el “rambo” Guaidó, reconocido internacionalmente por EE. UU. y medio centenar de sus aliados como “presidente encargado” de Venezuela, tras un esfuerzo por animar su desmoralizada base de seguidores, informó que había “ordenado” al también “rambo”, Carlos Vecchio, representante de su espurio “gobierno” en EE. UU., “establecer contacto de inmediato con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Faller, para coordinar una cooperación en Venezuela”.
El pasado viernes, el presidente Maduro denunció que la fracasada sublevación cívico-militar liderada por Guaidó el pasado 30 de abril, fue coordinada por el exjefe de Inteligencia, general Cristopher Figuera, reclutado por la CIA y prófugo de la justicia, mientras otros 54 oficiales habían sido expulsados de las Fuerzas Armadas tras comprobarse su participación en el levantamiento.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respondió a la frustrada sublevación imputando a diez diputados de participar en el conato, entre ellos al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, que fue detenido, mientras otros dos legisladores se refugiaron en las residencias de los embajadores de Argentina e Italia y un tercero huyó a Colombia.
La Casa Blanca, promotora del inaudito movimiento para derrocar al presidente Maduro, viene imponiendo sanciones para asfixiar la economía venezolana, al mismo tiempo que reitera una posible opción militar que, según Guaidó, “podrá concretarse sólo cuando los aliados estén dispuestos a dar ese tipo de ayuda y que sea la última opción o la única que reste a los venezolanos”, condicionando sicológicamente a la opinión pública ante el criminal escenario.
Hasta el momento, ni el Comando Sur ni Vecchio han dado respuesta pública a la solicitud de Guaidó. La Casa Blanca tampoco. Sin embargo, dentro del clima de impunidad en que se mueve la estrategia intervencionista del presidente Trump, la guerra sicológica va llenando los requerimientos para una opción de fuerza contra el país bolivariano, que, según el plan de “bloqueo total” diseñado contra Cuba, Washington podría atreverse a cercar los espacios marítimo y aéreo venezolanos, algo que sólo podrían frenar Rusia y China.
Hasta el momento los gobiernos de América Latina y el Caribe, con las honrosas excepciones de Cuba y México, no han dado señales del peligro que representa para el futuro de los países del hemisferio ignorar el nuevo precedente intervencionista que intenta imponer el presidente Trump.