Zheger Hay Harb
Ayer se produjeron dos eventos decisivos en la lucha por lograr el establecimiento y desarrollo de una justicia especial de paz (JEP) y la consolidación de una paz estable y duradera con justicia social.
El primer acontecimiento y tal vez decisivo para el presente y los próximos años es la decisión de la Corte Constitucional de ordenar al Presidente de la República que sancione la ley estatutaria de la JEP contra la cual él había presentado objeciones aduciendo razones de conveniencia nacional. Ante la decisión del Presidente de enviar estas objeciones a la Corte Constitucional, este alto tribunal ordenó que fueran revisadas por el Congreso Nacional. En esa revisión, la Cámara de Representantes rechazó por abrumadora mayoría la pretensión presidencial. Cuando pasó al Senado, el Presidente de esta célula legislativa atravesó mil y una artimañas para evitar una previsible derrota semejante a la que ya había sufrido en la Cámara: trampas para evitar el quórum, presentación de impedimentos y recusaciones, aplazamiento de los debates y cambio de la agenda de discusión en el orden del día.
Sin embargo, las objeciones fueron rechazadas por la mitad más uno tal como establece el reglamento del Congreso. Ante esto, tercamente la derecha pretendía que se incluyeran como curules vigentes la de Iván Márquez y una senadora que había sido detenida por delitos contra el sufragante; en ambos casos, estas dos sillas senatoriales eran inexistentes en la práctica por lo cual no podían considerarse para determinar el quórum.
Ante la imposibilidad de desatar la controversia entre la derecha que pretendía negar la mayoría alcanzada y la oposición que, por el contrario, insistía en la derrota de la propuesta del gobierno el tema pasó a la Corte Constitucional para que lo dirimiera.
Esta alta corte acaba de fallar que el Presidente de la República está obligado a sancionar la ley estatutaria tal como había sido presentada al Congreso puesto que en éste por mayoría calificada se habían derrotado las objeciones presidenciales.
El otro acontecimiento decisivo ha sido la decisión de la Corte Suprema de ordenar la libertad inmediata del ex jefe guerrillero Jesús Santrich y su posesión como congresista basándose en que su culpabilidad no ha sido comprobada tal como determinó la JEP y que su no posesión en la curul que le había sido asignada en virtud del Acuerdo de Paz, no obedeció a un acto de su voluntad sino a un caso de fuerza mayor por el hecho mismo de su detención.
El ambiente político en torno a la aclimatación de la paz, puede apreciarse considerando el hecho de que uno de los periodistas estrellas de la revista Semana, fue despedido de esa casa editorial porque hizo públicamente el reclamo de por qué si ese medio de comunicación conocía con dos semanas de antelación lo que dio a conocer el periódico The New York Times sobre la aparente presión sobre la fuerza pública para que entregue resultados de una manera tal que hace temer el retorno de los ominosos falsos positivos había decidido no publicarlo.
Los eventos arriba relacionados hacen evidente el alinderamiento que en torno a los asuntos de la paz está viviendo el país. Si bien hay una presión de la derecha para borrar los intentos por construir una paz y permitir la acción política legal de los ex guerrilleros, es también cierto que la decisión de la Corte Suprema así como la de la Corte Constitucional permiten confiar en que se mantiene vigoroso el estado de derecho y que hay un campo abierto al disenso y la ampliación de la democracia que las fuerzas de oposición y las organizaciones sociales así como una muy amplia franja de la población están trabajando por llenar.