Zheger Hay Harb
Como era previsible, aunque no deseable, el excomandante Jesús Santrich no se presentó a la audiencia citada para ayer en la Corte Suprema de Justicia, por lo cual es posible que ese tribunal dicte orden de captura contra él.
El asunto tiene consecuencias en el ámbito jurídico y en el político.
En el jurídico, como este proceso es por concierto para delinquir con fines de narcotráfico, distinto al que le sigue la Justicia Especial de Paz (JEP) porque se activó con base en nuevas pruebas que presentó la fiscalía sobre supuestos delitos de narcotráfico que habría cometido después de la firma del acuerdo de paz, la Corte puede dictar orden de captura o citar a nueva audiencia, lo cual parece poco probable. Es posible que este tribunal se considere burlado por la inasistencia luego de haberle concedido la libertad y la posibilidad de que se posesionara en la Cámara de Representantes, basado en la convicción de que el procesado no se fugaría, porque en caso contrario habría decretado la detención preventiva.
Santrich no estaba preso ni tenía restricciones a su movilidad, podía desplazarse por el país sin inconvenientes. Así que si no ha salido de Colombia no puede considerarse técnicamente evadido. Si salió, debería haberlo hecho con permiso de la JEP, que nunca solicitó. De tal manera que puede considerarse que violó el régimen de condicionalidad y perdería sus beneficios.
Como era de esperarse, el gobierno no podía desaprovechar semejante oportunidad de actuar contra un opositor que se le ha enfrentado de manera permanente (dentro de la legalidad, hasta ahora) y ya se dispone a solicitar la pérdida de investidura para lo cual tendrá que apelar al Consejo de Estado con cuyo aval pudo posesionarse Santrich. Y, por supuesto, le pidió a la JEP que lo expulse definitivamente de la justicia transicional, a lo cual ésta no está obligada puesto que es un tribunal independiente.
El defensor del exguerrillero, luego del normal estupor con que apareció en público cuando se conoció la fuga de Santrich, diciendo que no tenía conocimiento de que éste pensara huir y que no tenía ni idea de dónde podía estar, apela a todos los recursos jurídicos a su alcance pero son pocos los que le pueden prosperar. Como último recurso planteó el aplazamiento de la diligencia de hoy basado en que hay un conflicto de competencias con la JEP pero la Corte lo negó alegando que el tribunal de paz no ha decidido de fondo sobre el caso.
La defensa ha alegado también falta de garantías jurídicas para su defendido, pero teniendo en cuenta que la Corte Suprema le otorgó la libertad, que la Corte Constitucional avaló la competencia de la JEP para el caso, que ésta negó su extradición y que el Consejo de Estado autorizó su posesión en la Cámara de Representantes, decisiones todas contra el pedido del gobierno y la oposición que sólo acepta verlo en la cárcel y extraditado, le va a resultar difícil sustentar su afirmación.
En cuanto a la JEP, la Sección de Apelación, máxima instancia de esa justicia, está estudiando la solicitud de extradición hecha por Estados Unidos porque la Procuraduría General apeló la decisión de la Sección de Revisión que la negó. Si mantiene la garantía de no extradición, ahí moriría el caso en esa justicia especial ante lo cual la andanada de la derecha será brutal. Si se la quita, el proceso iría a la Corte Suprema como cualquier caso de este tipo y deberá decidir si la aprueba o prioriza los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación, y tendría que ser juzgado en el país.
Pero además, Santrich tiene otro proceso en la JEP: el 001 por el delito de secuestro que cobija a toda la dirección de la antigua guerrilla, en el cual no ha podido comparecer por razones de fuerza mayor por hallarse detenido.
Pero, por graves que sean las consecuencias jurídicas de la actuación de Santrich, lo más serio son sus secuelas políticas.
Ya la dirección del nuevo partido FARC había emitido un comunicado a raíz de su fuga, dejando en claro que cuando se comprometieron a respetar las reglas del juego lo hicieron convencidos y que quien decida apartarse tendrá que asumir las consecuencias. Con esto se deslinda, como ya lo había hecho antes, de Iván Márquez cuando éste se negó a presentarse ante la JEP y ocupar la curul en el senado que con tanto trabajo se había logrado en las conversaciones de paz, alegando falta de garantías y diciendo que no podía acudir al senado donde lo iban a llamar narcotraficante.
Con ello Márquez desperdició la oportunidad de que otro compañero hubiera aprovechado esa tribuna en su lucha política. A Gustavo Petro lo llamó sicario Álvaro Uribe en un debate en el senado y a éste nunca se le ocurrió que por eso no podría seguir ocupando su curul. Y a Pablo Catatumbo, Paloma Valencia lo llamó “narcoterrorista” en ese mismo espacio y éste se limitó a responderle con serenidad. ¿Cómo puede aceptarse entonces ese argumento de Márquez?
A Santrich lo ha apoyado el país cuando el gobierno y el fiscal general intentaban presionar a la JEP para que aprobara el pedido de extradición de Estados Unidos y en sus huelgas de hambre cuando estaba detenido por petición de la fiscalía sin que existieran pruebas de su culpabilidad, pese a que el video en que aparece escribiendo la dedicatoria de un dibujo suyo a Rafael Caro, capo de capos del cartel mexicano de Sinaloa, daba mucho que pensar. Especialmente porque éste es de ingrata recordación por su alianza con la DEA para cambiar coca por armas para la contra nicaragüense. Pero ese era sólo un indicio, no una prueba y el país, que apoyaba el proceso de paz, le mantuvo su apoyo.
Santrich ha sido una persona controvertida desde los tiempos de los diálogos en La Habana, como han dicho algunos que lo presenciaron en forma directa, porque equivocaba la firmeza de la defensa de sus convicciones con una actitud arrogante y camorrera que dificultaba las conversaciones y por lo cual habría tenido discrepancias con algunos de sus compañeros.
A partir de su huida se han sucedido las columnas de opinión y las crónicas que recuerdan su muy citado y burlón “quizás, quizás, quizás” con que respondió cantando, secundado por la sonrisa de Iván Márquez, quien lo acompañaba, la pregunta de un reportero sobre si estaban dispuestos a pedir perdón y reparar a las víctimas.
En la décima conferencia de las FARC antes de dejar las armas, secundó a Márquez en la zancadilla que le hicieron a Timochenko para sacarlo del ámbito de decisión, lo cual éste denunció en una sentida carta abierta.
El proceso de paz va más allá de Santrich, no se acaba con su huida, como lo demuestra el hecho de que más de 11,000 ex guerrilleros se encuentren adelantando su proceso de reincorporación a la sociedad. Pero su fuga le ha hecho un daño muy grande a la paz, ha defraudado la confianza de quienes hicieron grandes esfuerzos para defender sus derechos y los enemigos del proceso aprovecharán este evento para hacer creer que los desmovilizados persisten en el narcotráfico e incumplen sus compromisos.
En este preciso momento el partido FARC ha emitido una declaración pública en la cual reconoce que la JEP, la Corte Suprema y el Consejo de Estado han brindado todas las garantías a Santrich. Que se comprometieron a respetar la legalidad y quien incumpla debe asumir personalmente su responsabilidad. Confían en que “el país, la comunidad internacional y la justicia, sabrán diferenciar entre las determinaciones individuales o de grupo que desconocen lo pactado en los acuerdos de La Habana y la abrumadora mayoría de nuestro partido FARC que nos mantenemos leales y firmes en nuestro propósito de paz con justicia social. Aprendimos de nuestros fundadores a cumplir con la palabra empeñada”.
¿Qué información no revelada tendrá la FARC para decidirse a este duro pronunciamiento?