MIAMI, EE.UU., 1 de julio (EFE).- Florida, el tercer estado con más indocumentados de Estados Unidos, tiene a partir de este lunes una de las leyes antiinmigrantes más estrictas, aunque activistas trabajan ya para presentar una demanda judicial para lograr su derogación al considerarla “inconstitucional”.
La ley SB 168 prohíbe las llamadas ciudades “santuario”, que rechazan colaborar activamente con las autoridades federales migratorias en su proceso de deportar indocumentados, aunque no hay ninguna jurisdicción que se haya declarado como tal en este estado con un 20% de población inmigrante.
Pero va más lejos. La nueva norma exige a todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía hacer cumplir la ley federal de inmigración y también a trabajar con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y deportar a los inmigrantes.
En esa colaboración se incluyen los polémicos “detainers” o pedidos de ICE para que se mantenga en las cárceles para deportación a las personas detenidas, muchas veces por infracciones menores, aunque no exista una orden al respecto de un juez o un fiscal.
El director político de la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC), Thomas Kennedy, dijo este lunes a Efe que ese grupo de activistas en favor de los derechos de los inmigrantes colabora con la organización Southern Poverty Law Center (SPLC) para demandar al Gobierno estatal por esta ley.