Por: Adriana Robreño
La afirmación de que la justicia en Brasil está al servicio de la política ya es ampliamente conocida. El caso del expresidente Luiz Inacio “Lula” da Silva, tras las rejas sin crimen probado, es el mejor ejemplo; sin embargo la cotidianidad del gigante suramericano refuerza esa idea con nuevos argumentos.
Resulta que ahora el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Antonio Dias Toffoli, dictó recientemente un fallo que supone dejar en suspenso la investigación por corrupción contra Flavio Bolsonaro, senador y primogénito del presidente del país a quien la fiscalía del estado de Río de Janeiro acusa de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y organización delictiva. De esa forma, la máxima corte va a contramano de los mecanismos de combate a la corrupción.
El caso no es nuevo, pero adquirió relevancia luego de que el presidente Jair Bolsonaro ganara las presidenciales. En enero de este 2019 salió a la luz que el expolicía militar Fabricio Queiroz, que fue chofer y asesor de Flavio, movió de su cuenta el equivalente a 320 mil dólares. Y lo que es más sospechoso es que datos del Consejo de Control de Actividades Financieras mostraron movimientos por cerca de dos millones de dólares en tres años. El salario del chofer no justificaba tales movimientos y surgieron las inquietudes por parte de las autoridades debido a los vínculos de estos hechos con depósitos en la cuenta de la actual primera dama. En fin, que la familia entera pudiera estar involucrada.
La detención del caso que incluye supuestos vínculos del clan Bolsonaro con grupos paramilitares de Rio de Janeiro es una buena noticia para el mandatario que busca también complacer a su hijo menor con el cargo de embajador en Estados Unidos a pesar de no tener la preparación necesaria.
Pero a la mayoría no le sorprende que se suspenda la investigación y que el STF obre a favor de quienes ahora están el poder. Poco antes del impeachment a la presidenta Dilma Rousseff, cuando la democracia sufrió un golpe, se filtró un audio donde el entonces senador del partido Movimiento Democrático Brasileño y aliado de Michel Temer, Romero Jucá, afirmó que harían un gran acuerdo nacional con el Supremo, con todo, para estancar la sangría (en referencia a las investigaciones anticorrupción).
Es así que entendemos cómo funciona esta nueva fase del golpe en Brasil que resultó en la elección de Bolsonaro. Entendemos cómo existe un sector poderoso del judiciario brasileño que es parcial y usa la toga con fines políticos. Entendemos por qué el entonces juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, colocó a Lula en la cárcel lo cual le impidió ser candidato. Entendemos también por qué no ha sucedido nada desde el punto de vista legal luego de que el sitio The Intercept divulgara informaciones con pruebas contundentes de que la Operación Lava Jato más que combatir la corrupción era parcial y buscaba acabar con la imagen del Partido de los Trabajadores e impedir la reelección de Lula.
Los Bolsonaros son un clan que realizan actividades delictivas de las cuales el poder judicial se hace el de la vista gorda mientras a otros los condena sin crímenes. El “lawfare”, como llaman en inglés a este fenómeno, se hace más evidente cada día en una nación donde la ultraderecha en el poder ataca los derechos de los trabajadores y defiende el trabajo infantil, las privatizaciones, el nepotismo, el uso de agrotóxicos y hasta la deforestación de la Amazonía. Esperemos entonces que los hechos evolucionen para que no sea muy tarde revertir la situación y al fin hacer justicia.