Por Zheger Hay Harb
El comandante general del ejército, General Nicacio (sic) Martínez, envió una directiva a sus tropas instruyéndolas sobre la manera como deben responder ante la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial de Paz –JEP- cuando deban comparecer ante estas dos instancias creadas en el Acuerdo de Paz firmado entre la guerrilla de las Farc y el Estado colombiano.
La noticia llegó a Colombia gracias a la publicación del diario El País, de España. Habría que preguntarse, en primera instancia, por qué asuntos tan delicados en que está incluido el ejército nacional llegan a nuestro conocimiento sólo por investigaciones de la prensa extranjera. Tal como sucedió cuando el New York Times nos dio a conocer la directiva del mismo inefable general Nicacio aguijoneando a la tropa para que incremente los resultados operacionales con un lenguaje y unas órdenes que recuerdan los tristemente célebres falsos positivos.
Como las citadas instancias buscan construir la memoria histórica de estos más de 60 años de guerra fratricida, al general le parece que falsear la verdad es lo que corresponde para crear una historia ficticia y acomodada que oculte los crímenes de la fuerza pública así como los de todos aquellos que actuaron en complicidad con ella.
El documento, dirigido con carácter de “restringido” a los jefes de Estado Mayor del Comando, jefes de departamento, dependencias del Estado Mayor, comandantes de unidades operativas mayores, comandos operativos, fuerzas de tarea, unidades tácticas y tropas pretende “cumplir la estrategia para la construcción de la narrativa marco de memoria histórica del conflicto armado colombiano, que busca guiar la posición institucional en los espacios de verdad y memoria histórica”. Lo farragoso de la redacción no logra ocultar el propósito: ocultar la verdad, inventarse una narrativa heroica de lo ocurrido y rehuir las responsabilidades.
El documento habla de considerar “las complejidades del conflicto” presentando al ejército no sólo como actor del conflicto sino como su víctima: “Los miembros del Ejército Nacional víctimas, son el testimonio vivo de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario”. Y agrega: “Es necesario señalar que la institución ha sido garante y respetuosa del Estado social y democrático de derecho, actuando siempre en el marco de la misión constitucional asignada y bajo los lineamientos estratégicos del Poder Ejecutivo”.
Ahí es donde el general se equivoca en manera grave: desde luego que ha habido víctimas de la fuerza pública que han debido padecer la degradación de todos los actores del conflicto, incluida ella misma. No es sino recordar a los soldados y policías que las FARC mantuvieron durante años en corrales cercados con alambre de púas y los cientos de soldados muertos o mutilados por minas antipersonas. Eso, individualmente considerados, todos soldados rasos, salvo dos suboficiales que padecieron un secuestro infame, por supuesto que son víctimas.
Pero de ahí a afirmar que “la institución ha sido respetuosa y garante del estado social de derecho” hay una distancia abismal: las ejecuciones extrajudiciales y la alianza tantas veces probada de oficiales de alta graduación con paramiltares en asesinatos selectivos de líderes y masacres y desplazamientos forzados dicen una cosa bien distinta.
Falsear la verdad ante tribunales de justicia transicional está tipificado en el Código penal. Lo que buscan tanto la Comisión de la Verdad como la JEP es llegar a la verdad de lo ocurrido en el conflicto armado para comprometernos a su no repetición y a la reparación de las víctimas, muy contrario a lo que pretende Nicacio: (ponerse de acuerdo sobre lo que hay que decir) “es fundamental de cara a establecer una narrativa de memoria histórica acorde con la posición institucional”.
Hasta el momento 2,000 militares se han sometido a la JEP. Como para acceder a los beneficios de penas alternativas o libertad condicional quienes se sometan a esta jurisdicción deben declarar la verdad que les conste sobre lo sucedido en el marco del conflicto, muchas responsabilidades, no sólo de los declarantes, saldrán a flote. Hasta ahora el ejército no ha querido enviar ninguna información a la Comisión de la Verdad. Ahora sabemos por qué: están inventándose una que los favorezca y oculte sus responsabilidades.
Varios ex generales que se han sometido a este tribunal para lograr la libertad se muestran arrogantes ante el público diciendo que van a contar la verdad pero que no tienen por qué declararse culpables. Muchos de ellos ya han sido condenados en la justicia ordinaria o tienen procesos bastante adelantados en esa jurisdicción, y si bien son dos tipos de justicia distintos, no podrán evadir las verdades que ya han arrojado.
La JEP y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad ofrecen a todos los actores y víctimas del conflicto la posibilidad de contar su verdad. Puede no coincidir con el relato de otros pero lo que no puede aceptarse es crear una verdad oficial alejada de la realidad.
Recientemente se han destapado casos de corrupción en el ejército que involucran a altos oficiales y, mucho más grave aún, directivas que parecen incitar a los falsos positivos. El general Nicacio mismo está cuestionado por eventos de ambos tipos.
Mejor haría en ocuparse de éstos en lugar de mentirle al país inventándose un cuento de hadas para reemplazar la historia de horror que ha sido esta guerra y en la cual muchos del generalato están comprometidos.