En los dos últimos meses las autoridades cubanas aplicaron varias medidas económicas destinadas a incrementar los ingresos del sector presupuestado y los pensionados, al tiempo que, en los municipios, los Consejos de la Administración determinaron precios máximos para un grupo de productos y servicios, en la búsqueda de que el aumento de salarios significara realmente un estímulo para los beneficiados.
Ahora, que la etapa vacacional llegó a su fin, y las familias concentran sus esfuerzos en volver a la rutina diaria, sobre todo aquellas con niños y jóvenes en edad escolar, y cuando se hace el recuento de lo vivido, salta a la vista, como una noticia que puede alcanzar a miles de personas, la decisión del Ministerio de Finanzas y Precios (MEP) de aplicar una bonificación tributaria a un grupo de actores económicos que redujeron en no menos de un 10 por ciento los precios de sus ofertas de cara a los ciudadanos.
La decisión de topar los precios a nivel de cada territorio despertó, como era lógico, las contradicciones entre quienes por una parte se sintieron respaldados, pues su poder adquisitivo aumentó luego de la subida de salarios, mientras que otros no entendieron porqué no podían moverlos en ciertas mercancías y productos, si al final ellos se desarrollan en el mercado de la oferta y la demanda.
Economistas, funcionarios, especialistas, estudiosos de la economía y, por supuesto, la gente del pueblo, opinaron sobre la medida, y aunque la balanza siempre se inclinó hacia la aceptación de las decisiones anunciadas, siempre hubo quien no lo asimiló, ya bien porque les podía “afectar” sus crecientes ingresos, o porque vieron el aumento de salario como un paliativo que traería más problemas que soluciones, por aquello de que “un incremento de salarios sin un crecimiento de la productividad del trabajo” sería funesto para la salud de la complicada economía cubana.
Como mencioné en otro comentario en estas mismas páginas, aún están por verse los resultados de la aplicación de las medidas, pero las primeras señales han sido más que positivas. Baste con el ejemplo de que en el sector educacional habían solicitado antes de este dos de septiembre su retorno a las aulas más de 8 mil maestros.
Por ello, esta otra forma de estimular a quienes desde sus negocios contribuyeron a que se mantuvieran estables los precios en un período donde la familia acude a centros de distracción u organiza sus vacaciones fuera de sus hogares, puede resultar motivadora para próximas ocasiones.
El MEP estableció la bonificación tributaria en el pago de los impuestos sobre las ventas y los servicios a las cooperativas no agropecuarias, los trabajadores por cuenta propia y otras formas de gestión no estatal.
El beneficio consiste en la aplicación de un tipo impositivo de un cinco por ciento a los agentes económicos no estatales que tomaron esa decisión como complemento de las medidas adoptadas por los gobiernos locales para el disfrute del período vacacional en los meses de julio y agosto.
La bonificación se aplica sobre los ingresos obtenidos de la comercialización de los productos y servicios con esas rebajas de precios y ello quedó recogido en una resolución de la ministra de ese organismo, publicada hace sólo cuatro días en la Gaceta Oficial No. 62.
A partir de ello, los consejos de las administraciones municipales y del municipio especial de Isla de la Juventud deben certificar a la Oficina Nacional de Administración Tributaria en cada municipio, dentro de los diez días hábiles siguientes a julio y agosto de 2019, cuáles contribuyentes en esos meses, de forma efectiva, se insertaron en el programa del plan vacacional y por ende les corresponde la aplicación de los beneficios fiscales dispuestos.
Esta es la primera vez, al menos que se conoce públicamente; pero ojalá medidas como éstas se hagan más frecuentes en el escenario económico nacional, cuyo beneficio es tanto para quienes brindan un servicio, como para quienes lo reciben.