Alfredo García
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La comunidad internacional ha reaccionado impactada por el “asesinato selectivo” ordenado por el presidente Donald Trump contra el general iraní Qassim Soleimani. Las declaraciones de jefes de Gobierno y la ONU alertan sobre los peligros de un aumento de la tensión en el Medio Oriente e instan a Estados Unidos e Irán a reducir la escalada para evitar un conflicto de mayores proporciones.
La relatora de la ONU, Agnes Callamard, experta en “ejecuciones extrajudiciales”, escribió en su cuenta Twitter: “Los asesinatos selectivos de Qasem Soleiman y Abu Mahdi Al-Muhandis, son muy ilegales y violan el derecho internacional de los derechos humanos: fuera del contexto de hostilidades activas, el uso de drones u otros medios para asesinatos selectivos, casi nunca es legal”.
Una “ejecución extrajudicial” es según el derecho internacional humanitario: “Un caso de violación a los derechos humanos, que consiste en el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público, que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen sin pasar por ningún proceso judicial”.
El Departamento de Defensa de EE.UU., emitió un comunicado en el que justifica el ataque, señalando que el general Soleimani estaba “planificando activamente ataques a diplomáticos estadounidenses y miembros de las tropas en Irak y en toda la región”, lo que “suponía una amenaza inminente para ciudadanos norteamericanos”, sin aportar pruebas que demostraran la acusación.
Sin embargo, con el debate iniciado sobre el “objetivo eliminado” y la naturaleza de la presunta “amenaza”, se distrae la atención hacia la flagrante violación al derecho internacional y subliminalmente se legitima la facultad del presidente de EE.UU. para ordenar un “asesinato selectivo” contra gobernantes extranjeros, edulcorando el terrorismo de Estado que desde hace décadas ejerce el presidente de EE.UU.. No es secreto que desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, su líder, el fallecido comandante, Fidel Castro, se convirtió en “objetivo” para ser “eliminado” por el presidente, Dwight D. Eisenhower y todos los mandatarios republicanos y demócratas que lo siguieron, excepto los presidentes, Jimmy Carter y Barack Obama.
En 1974, el presidente Gerald Ford, mediante orden ejecutiva, prohibió a los organismos gubernamentales llevar a cabo “asesinatos” selectivos. Sin embargo, en 1984 el presidente Ronald Reagan creo el espacio político y legal para eliminar “terroristas” extrajudicialmente, mediante la Directiva de Seguridad Nacional 138, que daba a EE.UU. el derecho a usar la fuerza contra personas o grupos como “medidas preventivas y siempre en defensa propia” contra “objetivos” que supusieran una “amenaza inminente para los intereses y las tropas norteamericanas”. Durante el gobierno de Reagan se impulsó la tesis de que los “objetivos” no tenían que ser “terroristas” y se podrían dirigir ataques “contra autoridades de Estados que apoyasen el terrorismo”.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la persecución de “terroristas” se convirtió en prioridad de la política de EE.UU., se inició el uso de los drones para “asesinatos selectivos” en la guerra en Afganistán y apareció el eufemístico corolario “daños colaterales”, para calificar a las víctimas inocentes de los bombardeos.
Hasta el momento ningún gobernante u organismo internacional ha mencionado el nefasto precedente que sienta el presidente Trump, al violar la soberanía iraquí con el vuelo sin autorización del dron de combate norteamericano y la “ejecución extrajudicial” contra el alto funcionario de un país soberano miembro de la ONU, alegando hipotéticas “amenazas” a su seguridad nacional. De quedar impune esa barbarie, cualquier gobierno incómodo para Washington puede ser la próxima víctima.