NYALA, Sudán, 16 de febrero (AFP).- En el inmenso campo de Kalma, en Darfur, los desplazados de esta región del oeste de Sudán acogieron con alegría la decisión tomada por Jartum de entregar al presidente destituido Omar al Bashir a la Corte Penal Internacional (CPI). Expulsado del poder en abril de 2019 tras un levantamiento popular, el exautócrata está acusado desde 2009 por la CPI de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad en el conflicto en Darfur.
El destituido presidente había logrado hasta ahora eludir las órdenes de detención. Pero las nuevas autoridades de transición anunciaron que querían entregarlo al tribunal de La Haya, donde deberá ser juzgado.
El conflicto estalló en 2003, cuando insurgentes de minorías étnicas se sublevaron contra el régimen de Jartum, en manos de la mayoría árabe, acusándolo de marginar a Darfur, una vasta región que abarca cinco estados.
“Victoria”
Al cabo de largas conversaciones con los grupos rebeldes -en especial los de Darfur-, el primer gobierno tras Bashir, en funcionamiento desde el 8 de septiembre, decidió entregar al expresidente a la CPI.
Para Yakub Mohamed, un responsable en Darfur, esta decisión es una “victoria para las víctimas” y podría contribuir a “restaurar la confianza” entre la región y la capital.
En el campo de Kalma, Hassan Issac, un desplazado de 72 años, se declaró “aliviado”, aunque advirtió: “Si Bashir y sus manos derechas no son entregados a la CPI, la paz nunca podrá instalarse en Darfur”.
Tres allegados del exautócrata -el exsecretario de Estado para Interior, el exministro de Defensa y de Interior, y el exjefe de las milicias Janjawid- serán igualmente transferidos a la Corte.
En cambio, todavía no hay fechas para su entrega ni para la del expresidente. Las condiciones de “entrega de Bashir [...] serán negociadas con la CPI y los grupos armados”, indicó a la AFP el portavoz del gobierno, Fayçal Mohamed Saleh. Las oenegés, como Amnistía Internacional, abogan por su parte por un traspaso rápido de Bashir.