SAN SALVADOR, El Salvador, 27 de febrero (AFP).- El Congreso salvadoreño aprobó en forma rápida la noche del miércoles una ley de reconciliación para investigar y dar castigo a los crímenes cometidos en la pasada guerra civil (1980-1992), aunque el presidente Nayib Bukele adelantó que la vetará.
El presidente consideró que se trata de una “amnistía disfrazada” que no garantiza los principios de “verdad, reparación y justicia”, según un comunicado de la Presidencia.
La Ley Especial de Justicia Transicional Reparación y Reconciliación Nacional fue aprobada con los votos de 44 de los 84 diputados del pleno.
La normativa fue ordenada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema en 2016, luego de declarar inconstitucional una ley de amnistía de 1993 que impedía investigar crímenes cometidos durante el pasado conflicto interno.
Los diputados tenían hasta el 28 de febrero para aprobar la ley.
“Es una ley con la que vamos a sentar un precedente de impunidad”, advirtió el diputado independiente Leonardo Bonilla, momentos antes de que el presidente del Congreso, Mario Ponce sometiera a votación la ley.
La legislación establece que será aplicable “a toda persona que, independientemente del sector al que hubiere pertenecido durante el conflicto armado, desde el 1 de enero de 1980 al 16 de enero de 1992, haya cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario”.
Pero el diputado del minoritario partido Cambio Democrático (CD), Juan José Martel, consideró que la normativa “no tiene dientes” y la calificó como “una falsa ley de reconciliación”.
Organizaciones de la sociedad civil también se mostraron en desacuerdo con la aprobación de la ley porque da potestad a los jueces para reducir las penas a un acusado de un crimen de lesa humanidad o de guerra, solo por el hecho de que acepte su participación en uno de estos delitos y pida perdón a las víctimas.
“Con esto se demuestra que no se quiere justicia, sino impunidad”, aseguró de su lado el exprocurador de Derechos Humanos, David Morales.