BOGOTA, Colombia, 27 de febrero (AFP).- La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos alertó este miércoles sobre homicidios y otros abusos presuntamente cometidos por miembros del ejército y la policía desde la firma del acuerdo de paz en Colombia.
En la presentación del informe anual sobre la situación de derechos humanos en el país, el representante de la alta comisionada Michelle Bachelet aseguró que “se documentaron 15 casos de presuntas privaciones arbitrarias al derecho a la vida en 2019” a manos de la fuerza pública.
“Esta cifra es la más alta registrada por esta oficina desde 2016”, enfatizó Alberto Brunori, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
En ese año se suscribió, con el apoyo de la ONU, el acuerdo de paz que condujo al desarme y transformación en partido político de la que fuera la guerrilla más poderosa de América, las FARC, implicadas en un sangriento conflicto de más de cinco décadas.
Brunori destacó que en 13 de las muertes que involucraron a agentes del Estado “se observó” el uso “innecesario y/o desproporcionado de la fuerza”.
Algunos de los casos conocidos por la oficina de Naciones Unidas se produjeron en “operaciones militares relacionadas con seguridad ciudadana (...) y la lucha contra el narcotráfico”.
En ese sentido, “la Alta Comisionada llama al Estado a restringir en la mayor medida posible (...) el uso del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social”, urgió.
El informe documenta además abusos sexuales, corrupción, complicidad con grupos ilegales y ataques a periodistas por parte de miembros de la fuerza pública.
Al respecto, Brunori advirtió “con preocupación” que las investigaciones relacionadas con presuntas violaciones de derechos humanos están a cargo de la justicia penal militar.
Antes de la firma de la paz, las Fuerzas Militares enfrentaron el mayor escándalo de su historia por las ejecuciones extrajudiciales de unos 2,248 civiles en años de conflicto.
El 59% de esas muertes ocurrió entre 2006 y 2008 bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, según datos de la fiscalía.