Zheger Hay Harb
La nota colombiana
Varios hechos recientes muestran cómo en Colombia, a pesar de haberse firmado un proceso de paz entre el Estado y la guerrilla más antigua y numerosa del país, la reconciliación está lejos de llegar.
Como dicen los campesinos: todos somos iguales pero hay unos más iguales que otros.
Hace dos semanas se armó una polémica porque el gobierno nombró como encargado de la atención a las víctimas del conflicto armado en el Ministerio del Interior al hijo de uno de los más sanguinarios, si no el que más, ex jefes paramilitares, responsable de la mayoría de las masacres y despojo de tierras especialmente en la región Caribe.
Ese jefe paramilitar es Jorge 40, extraditado a Estados Unidos en 2008 donde fue procesado sólo por el delito de narcotráfico porque es el comprendido en el tratado de extradición, próximo a regresar al país sin haber devuelto una sola hectárea de tierra ni haber confesado ninguno de sus crímenes.
Por supuesto el hijo no debe responder por los delitos de su padre si no ha sido su cómplice, pero este nuevo funcionario de 30 años cuenta como experiencia demostrable para cumplir los requisitos del cargo con 8 años en un negocio privado de su madre, lo cual no lo habilita para desempeñar sus funciones. Pero además ha dicho que su padre es un hombre de paz y que es una víctima y perseguido político. Cuando Iván Cepeda, senador de izquierda y cuyo padre, secretario general del partido comunista fue asesinado por los paramilitares, hizo alguna crítica a Jorge 40, este novel funcionario le replicó atacando la memoria de Manuel Cepeda, que así se llamaba el líder asesinado.
Una persona que considera que el perpetrador de tantos crímenes es inocente ¿podrá garantizar los derechos de sus víctimas? ¿Con qué confianza van a acudir éstas a que el Estado les otorgue la verdad, justicia y reparación a que tienen derecho si el hijo de su victimario lo considera inocente? Si no hubo crimen no puede haber víctima.
Esta semana se dio el reverso de la moneda: un caso que hace evidente la parcialidad del gobierno y su odio a todo lo que se relacione con el proceso de paz.
Hace ocho días Asocaña, el gremio que asocia a los más grandes empresarios de la caña, de la producción industrial de dulces e industrias de etanol, nombró como su presidente a Frank Pearl. La designación se hizo oficial. Apenas se enteró el gobierno de este nombramiento comunicó a los azucareros que lo recibía como un signo de enemistad. ¿Cuál es la razón de esa inquina tan personal? Que el defenestrado había hecho parte del equipo de Juan Manuel Santos que trabajó para alcanzar el acuerdo de paz.
¿Por qué un gremio tan poderoso aceptó sin chistar esa imposición grosera del gobierno? Porque la mayoría de sus ganancias dependen de acciones, más que proteccionistas, alcahuetas del Estado que nos hacen pagar carísima el azúcar que se produce en el país. Esto se logra por un lado, mediante la imposición de aranceles elevadísimos que impiden la importación a precios mucho más bajos que el que fijan el gobierno y los productores de Asocaña. Por otro, el precio tan elevado que el gobierno, a través de Ecopetrol paga por el etanol, impidiendo su importación mucho más barata. Esas son las ganancias de Asocaña: favores del gobierno.
Han quedado notificados los empresarios de que quien se atreva a nombrar algún miembro del equipo de paz de Juan Manuel Santos se arriesga a desaparecer porque el gobierno llevará su revancha a perseguirlo hasta borrarlo del mapa.
Por su parte el fiscal general, amigo íntimo del presidente de la República, también contribuye a desequilibrar las cargas, en su caso en el tema de la justicia. Resulta que Claudia López, la alcaldesa de Bogotá depositaria del odio del ex presidente Uribe y quien ha llevado la delantera en el manejo de la pandemia dejando rezagado a Duque, cometió la imprudencia de ir a hacer su compra al supermercado acompañada de su esposa, senadora de la República y el registro del hecho circuló ampliamente por las redes sociales. De inmediato la senadora se presentó ante una estación de policía, reconoció su falta y pagó la multa. Pero el fiscal, de quien estamos esperando que asuma la investigación de gravísimos delitos que se atribuyen al presidente y al ex presidente Uribe (el verdadero poder tras la silla presidencial) anunció que abriría investigación penal contra la alcaldesa.
Sabemos que el fiscal no es penalista, pero hubiera podido asesorarse para no cometer semejante error imperdonable hasta para un estudiante de primer semestre de derecho. La falta de esta funcionaria no es un delito sino una contravención que se resuelve como lo hizo la senadora: ante la policía y mediante el pago de la multa correspondiente.
No tendríamos que habernos sorprendido: tres meses antes un periodista dio a conocer unos audios en que un paramilitar, narcotraficante, contrabandista y miembro del círculo cercano de amigos del presidente habla con una asesora de Álvaro Uribe sobre cómo se robaron una plata de la campaña del ex vicepresidente y con ella compraron votos para la de Duque a la presidencia. El fiscal hizo mutis por el foro y de la tan anhelada investigación por estos delitos no tenemos conocimiento, a pesar de que hasta la gran prensa la reclama.
En cambio, como en los audios se oye al cuestionado amigo del presidente decir que en la costa ganó Petro porque “los mineros se la metieron toda” a su campaña, el fiscal anunció de inmediato investigación penal contra él. Las burlas y los reclamos han sido tantos que se ha visto obligado a retroceder en este absurdo.
Queda claro entonces que cualquiera puede verse envuelto en una investigación penal si con ello se tiende una cortina de humo para encubrir a sus amigos del gobierno y que nadie puede, en el sector público o en el privado, nombrar en cargos clave a nadie que haya participado en el proceso de paz. Hemos quedado todos notificados.