El Presidente de Argentina Javier Milei firmó un decreto que paraliza la renovación de todos aquellos funcionarios públicos que fueron contratados hace menos de un año y que serían al menos 7 mil.
Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ratificó que esa organización gremial se movilizará este miércoles en el marco de una nueva Jornada Nacional de Lucha, para repudiar la disposición oficial de “despedir a 7 mil trabajadores de la Administración Pública Nacional”, aunque el gobierno afirma que serían unos 5 mil.
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El oficialismo deja así sin ampliar todos los contratos que expiran el 31 de diciembre, mientras prepara una auditoría para conocer el número de trabajadores del Estado.
La medida propuesta por Milei afectará a aquellos empleados de la administración central del gobierno y de los organismos descentralizados del Estado, así como de aquellas empresas públicas y sociedades anónimas de mayoría estatal, como la energética Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
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La decisión obligó a los sindicatos en Argentina a anunciar que las protestas continuarán e inciden en la necesidad de avanzar en un gran paro nacional y el primer paro total de aquellas actividades relacionadas con las empresas y entidades públicas ya que sólo estarían protegidas aquellas personas con algún tipo de discapacidad, o las que están dentro de las cuotas fijadas por la Ley de identidad de género, así como las de quienes precisan mantenerse en los puestos por la imposibilidad de mantenerlos vacantes.
Asimismo se podrían sumar excepciones si los responsables de cada área requieren que los contratados después del primero de enero permanezcan en sus puestos.
Asimismo, se tomarán en cuenta los casos en el Gobierno de funcionarios políticos de la gestión saliente que permanecen en sus cargos, porque en el Ejecutivo no encuentran sustitutos.
En este contexto, el Congreso argentino inició ayer un periodo de sesiones extraordinarias convocadas por el presidente para debatir leyes complementarias a un megadecreto de desregulación económica resistido por la oposición y las centrales obreras que piden a la justicia que lo declare inconstitucional. “Los diputados y senadores deberán elegir entre acompañar el cambio que ha votado la gente o seguir obstruyendo”, dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
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