El gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, continúa implementando recortes significativos al presupuesto estatal. Este jueves, Milei anunció la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas en la Patagonia mediante un decreto oficial.
La medida, que forma parte de un plan de ajuste fiscal, ha generado intensas protestas, particularmente entre sectores de la educación, que recientemente enfrentaron el veto presidencial a la ley de financiación de universidades públicas.
Privatización de centrales hidroeléctricas
El decreto establece un plazo de 180 días para llevar a cabo la privatización de las centrales hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en la provincia de Neuquén. Estas plantas suman una capacidad de generación de 4 mil 170 megavatios, lo que representa entre el 10 por ciento y el 15 por cento de la matriz energética estatal.
Según el decreto, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la Secretaría de Energía serán responsables de liderar el proceso de privatización. Este plan establece un "concurso público nacional e internacional" para la venta de los paquetes accionarios de estas plantas, actualmente gestionadas por empresas privadas bajo concesiones otorgadas en 1993 y extendidas en 2023.
La privatización pondría fin a la administración estatal directa, que en la actualidad ostenta el 100 por ciento de las acciones, repartidas entre Energía Argentina S.A. (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA).
Protestas por recortes a universidades
El anuncio de la privatización se produce un día después de que la Cámara de Diputados mantuviera el veto presidencial a la ley de financiación de universidades públicas, que proponía aumentar los fondos para estas instituciones en función de la inflación, que en Argentina supera el 230 por ciento interanual.
El veto presidencial ha generado una serie de manifestaciones y una huelga de 24 horas liderada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que denuncia la falta de apoyo a las universidades públicas.
Carlos de Feo, secretario general de la CONADU, expresó su descontento con el Congreso por respaldar el veto a la ley, afirmando que la medida ignora las necesidades del sistema universitario y de los estudiantes. Según la comunidad educativa, el impacto de la ley en el presupuesto sería mínimo, estimado en solo un 0.14 por ciento del PIB.
Justificación oficial y resistencia social
El gobierno de Milei argumenta que estas medidas son necesarias para mantener la estabilidad fiscal. Sin embargo, estudiantes y docentes insisten en que el impacto de los recortes a la educación es desproporcionado y buscan organizar una resistencia colectiva. De Feo advirtió que miles de estudiantes han tomado las universidades en respuesta a lo que consideran una amenaza para el futuro de la educación pública en el país.
A medida que el gobierno avanza con estos planes de ajuste y privatización, las tensiones con diversos sectores de la sociedad argentina parecen intensificarse. En las próximas semanas, se prevé que las manifestaciones continúen, mientras Milei impulsa una serie de reformas que, según sus detractores, atentan contra el sistema público y los derechos adquiridos por los trabajadores.
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