Suprema Corte de EU analizará demanda de México contra fabricantes de armas

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos revisará la demanda presentada por el Gobierno de México en contra de varios fabricantes de armas estadounidenses, a quienes responsabiliza por la violencia relacionada con el narcotráfico en territorio mexicano.

La demanda, interpuesta en agosto de 2021, señala que estas empresas han facilitado el acceso a armas que terminan en manos de los cárteles de la droga.

Entre las compañías demandadas se encuentran Smith & Wesson Brands Inc., Barrett Firearms Manufacturing Inc., Beretta USA Corp., Colt’s Manufacturing Company, Glock Inc., y Witmer Public Safety Group.

Las empresas han respondido con una contrademanda, acusando al gobierno mexicano de intentar ejercer "intimidación" y de entrometerse en la soberanía de Estados Unidos.

Contexto de la demanda

La demanda del gobierno mexicano argumenta que la falta de control en la venta de armas en Estados Unidos ha contribuido al tráfico ilegal hacia México, lo que ha agravado la violencia relacionada con el narcotráfico.

En este sentido, busca responsabilizar a los fabricantes por no implementar controles más estrictos en la venta y distribución de armas, lo que, según el gobierno mexicano, ha permitido que caigan en manos de grupos criminales.

Respuesta de los fabricantes de armas

Los fabricantes, por su parte, han defendido que la demanda de México es un intento de intervenir en las leyes y regulaciones internas de Estados Unidos, específicamente en cuanto a la portación y venta de armas, protegida bajo la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense. En su contrademanda, las empresas alegan que el caso podría generar precedentes que impacten las políticas nacionales sobre la venta de armas.

Próximos pasos en la Corte

La Suprema Corte de Estados Unidos deberá decidir si la demanda del gobierno mexicano tiene base legal para continuar. El análisis se realizará en el próximo periodo de sesiones, lo que podría abrir un debate sobre la responsabilidad de los fabricantes de armas en el tráfico ilegal y su impacto en la seguridad de otros países.

Este caso es seguido de cerca por ambas naciones, ya que podría establecer un precedente legal para futuros litigios internacionales relacionados con la regulación de armas y la violencia asociada.

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