El Gobierno de México sigue adelante con su lucha legal contra las empresas fabricantes de armas, tras una reciente audiencia celebrada en la Corte de Distrito en Boston, Massachusetts. En agosto de 2021, México presentó una demanda contra ocho empresas fabricantes y distribuidoras de armas, acusándolas de negligencia y descuido que han resultado en daños en territorio mexicano. En enero de 2024, México logró superar la inmunidad de estas empresas, permitiendo que la demanda continúe su curso contra dos de las principales compañías involucradas.
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El pasado 7 de agosto, el juez Dennis Saylor determinó que seis de las empresas demandadas no pueden ser juzgadas en Massachusetts, a pesar de sus actividades comerciales en el estado y de que sus productos terminan en México. Esta decisión no exime a las empresas de responsabilidad por los daños causados en México. Cabe destacar que el mismo juez había determinado en septiembre de 2022 que las empresas gozaban de inmunidad, decisión que México logró revertir en enero de 2024.
Durante la audiencia, México subrayó que sigue explorando alternativas legales y abogó por la continuación del juicio contra Smith & Wesson Brands, Inc. y Witmer Public Safety Group, Inc. Smith & Wesson es responsable del mayor número de armas aseguradas en México, mientras que Witmer Public Safety Group distribuye armas en Estados Unidos. La próxima audiencia se fijó para el 2 de octubre de 2024, mientras se espera que la Suprema Corte de Estados Unidos decida en septiembre si estudiará el caso.
El caso ha generado un amplio reconocimiento internacional, destacándose como un hito en la discusión sobre la responsabilidad de la industria de las armas en la violencia en México y la región. La demanda de México es vista como un esfuerzo pionero para responsabilizar a las empresas por el impacto de sus productos en la seguridad pública.
El Gobierno de México reafirma su compromiso de utilizar todas las acciones legales disponibles para que las empresas fabricantes de armas rindan cuentas por el daño causado a la población mexicana. La lucha legal continúa, con la esperanza de establecer precedentes que fortalezcan la seguridad y justicia en el país.
La comunidad internacional sigue de cerca este caso, que podría tener implicaciones significativas para la regulación de la industria de las armas y la protección de los derechos humanos en contextos afectados por la violencia armada.
JGH
