Yoon Suk Yeol, presidente de Corea del Sur, fue destituido por el Parlamento tras intentar imponer la ley marcial el pasado 3 de diciembre. El intento de instaurar esta medida de emergencia generó una grave crisis política en el país. La moción fue aprobada con 204 votos a favor de su destitución por insurrección y 85 en contra, mientras que tres diputados se abstuvieron y ocho papeletas fueron declaradas nulas.
En un discurso televisado, Yoon expresó su frustración pero aceptó la decisión: “Me siento profundamente frustrado... pero ahora debo dar un paso al costado por un tiempo”. El mandatario, quien había sobrevivido a una moción de censura el 7 de diciembre, no pudo evitar la destitución. A pesar de la derrota, Yoon reiteró que luchará "hasta el último momento junto al pueblo" y encarará con confianza las investigaciones y el proceso de destitución.
Yoon Suk Yeol desafiante ante la destitución
El conflicto comenzó cuando, el 3 de diciembre, Yoon Suk Yeol intentó instaurar la ley marcial para "proteger a la Corea del Sur liberal de las amenazas de las fuerzas comunistas norcoreanas", justificando la acción por lo que consideraba un bloqueo del Parlamento, donde la oposición tiene mayoría. Aunque el ejército cerró el Parlamento, los diputados lograron votar para rechazar la ley marcial. Finalmente, Yoon derogó la medida tras solo seis horas de proclamación y envió a los soldados de regreso a sus cuarteles.
El Parlamento surcoreano, con el apoyo de algunos miembros de su propio partido, aprobó la destitución de Yoon. Sin embargo, la decisión está sujeta a la revisión del Tribunal Constitucional, que tiene hasta 180 días para determinar si se ratifica la destitución o si Yoon es restituido como presidente. Si el Tribunal confirma la destitución, Yoon se convertiría en el segundo presidente de Corea del Sur en ser destituido, después de Park Geun-hye en 2017.
El escándalo no termina ahí. La fiscalía surcoreana emitió órdenes de arresto para varios funcionarios involucrados, incluyendo al jefe del mando militar de Seúl y al ex ministro de Defensa Kim Yong-hyun, quien fue el primero en ser detenido tras ser señalado como la persona que presionó a Yoon para instaurar la ley marcial. Se les investiga por insurrección, abuso de poder y amotinamiento, delitos que pueden resultar en penas severas, incluso cadena perpetua o pena de muerte.
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Este caso se suma a la creciente preocupación sobre el debilitamiento de la democracia en Corea del Sur. La destitución de Yoon por intentar controlar el Parlamento con la fuerza y sus continuas acciones autoritarias han generado un fuerte rechazo tanto a nivel nacional como internacional.
JGH