Un informe presentado en Madrid por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y el medio digital "elTOQUE", con el apoyo de la Fundación Colectivo Más Voces, expone un grave panorama de violencia policial en Cuba.
Según este estudio, al menos 95 personas fallecieron como resultado de acciones violentas por parte de la policía y otros agentes del Estado cubano entre los años 2018 y 2023, mientras que 287 individuos experimentaron ataques sin desenlaces mortales.
La violencia documentada comprende desde el uso indebido o excesivo de la fuerza física hasta violaciones directas de los
derechos humanos por parte de agentes estatales como la Policía, Seguridad del Estado y autoridades carcelarias, entre otros.
Este reporte incluye casos de abuso sexual, detenciones violentas o arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, negación de atención médica o negligencia, muertes bajo custodia, uso de armas de fuego y fuerza excesiva.
La Política como Motivación para la Violencia
De las 382 víctimas identificadas en el informe, 274 sufrieron violencia con una motivación política clara, destacando su prevalencia dentro del sistema penitenciario y en el contexto de protestas, como las masivas manifestaciones contra el gobierno cubano en julio de 2021.
El informe señala que de las 95 muertes reportadas, 76 ocurrieron bajo custodia estatal, incluyendo 33 por problemas de salud no atendidos, 28 por suicidios o "presuntos suicidios", y 12 a causa de huelgas de hambre, golpizas o accidentes.
Un Llamado a la Conciencia Internacional
El OCDH y elTOQUE, a través de este informe, buscan arrojar luz sobre las "injusticias cotidianas" que, según ellos, el gobierno cubano intenta ocultar.
La recopilación de estos datos se logró gracias a denuncias individuales, activistas y la colaboración de varias organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en Cuba.
Este exhaustivo análisis sobre la violencia policial en Cuba busca no solo documentar y exponer los abusos cometidos por agentes estatales sino también impulsar una mayor atención y acción internacional frente a la situación de los derechos humanos en la isla.
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