Luis Alberto Echazú, exfuncionario del gobierno de Evo Morales, fue detenido este lunes 22 de abril de 2024.
Echazú, quien jugó un papel clave en el plan de Bolivia para exportar litio durante la presidencia de Morales (2006-2019), enfrenta acusaciones de corrupción relacionadas con un proyecto fallido para la extracción y exportación del mineral.
La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra Echazú, quien fue llevado a declarar tras su arresto.
Según informes de la televisión local, se le vio escoltado por policías al finalizar el interrogatorio. "No nos dijeron a dónde lo llevaban", comentó Carlos Echazú, sobrino del exfuncionario, a los periodistas presentes.
La acusación proviene de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que ha presentado una denuncia penal contra once exfuncionarios del gobierno de Morales, alegando un daño económico superior a los 61 millones de dólares.
La implicación de Echazú se centra en la adquisición de un material deficiente para impermeabilizar piscinas destinadas a la evaporación del litio, crucial para su procesamiento.
Contexto del litio en Bolivia
Este incidente subraya los retos que Bolivia enfrenta en su intento de capitalizar sus vastos recursos de litio, estimados en 21 millones de toneladas por el Servicio Geológico de Estados Unidos.
A diferencia de las reservas, los recursos son depósitos del mineral cuya viabilidad comercial aún está por demostrarse.
La gerente de YLB, Karla Calderón, expresó su frustración en una entrevista con el canal estatal, señalando que las malas decisiones tomadas han impedido aprovechar adecuadamente estos recursos durante años.
"Hemos perdido todo este tiempo para obtener materia prima debido a errores en la implementación de las piscinas", afirmó Calderón.
Implicaciones políticas
El caso también ha reavivado las tensiones políticas, con Evo Morales defendiendo su administración en su programa radial.
Según Morales, el fracaso del gobierno actual en la extracción directa del litio ha llevado a culpar incorrectamente a las infraestructuras del proyecto.
Mientras tanto, el gobierno de Luis Arce ha solicitado una auditoría completa de la empresa estatal de litio, buscando clarificar las responsabilidades y retomar la explotación del recurso a escala industrial, ahora con la colaboración de China y Rusia.
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