La Casa Blanca dio a conocer, la noche del lunes 20 de enero, la Acción Presidencial mediante la cual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declara a los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas”, argumentando que su poder y brutalidad ponen en riesgo la seguridad nacional.
En el documento, la administración estadounidense asegura que estos grupos “funcionan como entidades casi gubernamentales” en algunas regiones de México.
El texto sostiene que los cárteles internacionales representan una amenaza mayor que la delincuencia organizada tradicional debido a su vasta red de actividades delictivas.
En el caso específico de los cárteles mexicanos, el informe indica que controlan el tráfico ilegal a través de la frontera sur de Estados Unidos con tácticas de violencia extrema, incluidas campañas de asesinatos y terror.
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Al mismo tiempo, menciona otras organizaciones como la venezolana Tren de Aragua (TdA) y la Mara Salvatrucha (MS-13), con el argumento de que sus acciones violentas y sanguinarias también socavan la estabilidad en el hemisferio occidental.
La orden presidencial declara una “emergencia nacional” y otorga un plazo de 14 días al Departamento de Estado para que, en coordinación con otras agencias, recomiende formalmente qué cárteles u organizaciones deben ser designados como terroristas.
En caso de que se apruebe tal designación, dichos grupos pasarían a integrar la misma lista en la que figuran extremistas como Al-Qaeda y el Estado Islámico. Esto implicaría la prohibición de que empresas o ciudadanos estadounidenses les proporcionen cualquier clase de apoyo material.
Respecto al Tren de Aragua, señalado previamente en discursos de campaña, la directiva ordena la deportación de quienes sean considerados miembros activos.
Según el documento, la meta de las autoridades es eliminar por completo la presencia de estas organizaciones en suelo estadounidense y desarticular sus redes de operaciones internacionales.
Con estas medidas, la administración Trump buscaba reforzar su política de seguridad y combatir a gran escala los flujos de drogas y delincuencia que, a juicio del gobierno, amenazan la integridad y el orden en Estados Unidos. Sin embargo, el alcance real de esta declaración y su aplicación práctica dependerían de las acciones coordinadas entre las diferentes agencias federales involucradas.
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