Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).– Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2013 a septiembre de 2017, la Secretaría de Economía dio 3 mil 190 concesiones mineras a empresas o prestanombres con vigencia de 50 años, principalmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero y Oaxaca, revelan datos de su Dirección General de Minas (DGM).
En 2013 fue cuando más concesiones se entregaron: 1,052, y esto coincide con el máximo histórico alcanzado en Inversión Extranjera Minera por 5 mil 565 millones de dólares, de acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex).
Entre las empresas extractivas que recibieron el derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales, de 2013 a 2017, destacan Exploraciones Mineras Parreña y Fresnillo, de Grupo Peñoles (Alberto Baillères González); Mineras del Norte, de Altos Hornos de México (Alonso Ancira Elizondo), y de Grupo México (Germán Larrea Velasco), de acuerdo con una revisión de SinEmbargo.
De todo el territorio nacional, sólo el 30 por ciento ha sido explorado. Hasta diciembre de 2016, hay un acumulado de concesiones de 25 mil 652, sobre todo en Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas y Coahuila, justo las entidades más productoras de minerales, exponen cifras de la DGM.
“El extractivismo minero en México, lejos de acotar la brecha de la desigualdad económica y social, la hace más profunda ya que se sostiene, en gran medida, en el ejercicio de un privilegio obtenido a través de prácticas como la captura política [influencia de una(s) elite(s) extractiva(s) sobre el Estado a favor de sus intereses y en detrimento del interés general]”, expone Oxfam México en su estudio reciente “Minería y Privilegios” que aborda las experiencias de despojo de bienes naturales a comunidades indígenas y campesinas para instalar proyectos mineros.
“La riqueza que genera ha permitido posicionar a tres empresarios mineros dentro de las personas más ricas del país. Deriva de sectores privatizados y/o concesionados por el Estado, deriva pues de bienes comunes que están siendo explotados en detrimento de la mayoría”, agrega. Se refiere a Carlos Slim Helú (Minera Frisco subsidiaria del Grupo Carso), Germán Larrea Velasco ( Grupo México) y Alberto Baillères (Industria Peñoles subsidiaria del Grupo BAL)”.
LOS PRIVILEGIOS DE LA LEY MINERA
La serie de privilegios del extractivismo minero ha alentado la expansión de esta actividad en México, alerta Oxfam. La minería, a través de las concesiones otorgadas por el Gobierno federal, ha crecido de manera acelerada en los últimos años: de 2000 a 2010 se extrajo de México el doble de oro que a lo largo de 300 años de conquista y coloniaje, documenta en el informe referido.
“En México, esta industria se favorece de la existencia de actos de corrupción en el sector minero mexicano, abusos de autoridad, falta de inclusión de las comunidades y sus pueblos indígenas, conflictos sociales, pérdidas del erario público y del patrimonio nacional, así como capital humano en riesgo y mal remunerado”, advierte “Minería y Privilegios”.
La organización alerta sobre el denominado “mercado de concesiones”, el cual vulnera el derecho de los pobladores al decidir sobre el futuro de los territorios que habitan. En la lista de concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía, además de empresas, figuran cientos y cientos de nombres de particulares. Son prestanombres (de empresas) o especuladores.
La Ley Minera (1992) plantea que la vigencia de una concesión es de 50 años, con la posibilidad de prorrogarla otros 50 más, y estipula que el titular de una concesión tiene el derecho a intercambiar o venderla a un tercero.
Esto ha generado el surgimiento de empresas menores que se dedican a adquirir concesiones para realizar actividades de exploración, y, una vez detectada la existencia de minerales en una cantidad que se vuelva rentable, venden la concesión a una empresa más grande que tiene capitales suficientes para realizar la explotación.
En 23 años, el valor de la producción minera aumentó 986 por ciento al pasar de 50 mil millones a 543 mil millones de pesos en 2016. Pero el sector solo aporta el 4 por ciento del PIB nacional ya que hasta 2013 –antes de la reforma a la Ley Minera– no se cobró ningún tipo de impuesto o regalía por la producción a boca de mina, y esto se tradujo en acumulación de riqueza.
Asimismo, la Ley Minera está por encima de la legislación ambiental y de aguas nacionales. “Esto explica que las instancias gubernamentales toleren que empresas mineras que ocasionan desastres socioambientales, como los casos Río Sonora, Chalchihuites, Salaverna, entre otros, aún operen a pesar de que se considera a la minería como una actividad que puede ocasionar desequilibrio ecológico”, dice.
De empresas extranjeras, de la década de los 90 a la fecha hay 947 proyectos, de los cuales casi 700 proyectos (el 76 por ciento) son canadienses, destacan datos de la Subsecretaría de Minería. Pasaron de 21 operantes en 1990 a 2 mil 175 en 2016, un incremento de 10 mil 257 por ciento .
A nivel mundial, por encima de Chile y Perú, el país es el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina, “gracias a que las empresas encuentran las siguientes ventajas: derechos de propiedad seguros, impuestos bajos, leyes ambientales flexibles, mano de obra barata y procedimientos administrativos simplifcados”, expone Oxfam México.
Ocupa el primer lugar en la producción de plata y el segundo sitio en fluorita. Las principales mineras productoras de plata son Pan American Silver (Canadá), Grupo México y First Majestic Silver (Canadá). Mexichem (México de Antonio del Valle Ruiz) es la única que produce fluorita.
Respecto al oro, producen más Minera Frisco (México de Carlos Slim Helú), Pan American Gold (Canadá) y Fresnillo (México). Y el cobre es más producido por Grupo México, cuya minera Buenavista del cobre protagonizó en agosto de 2014 un derrame tóxico sobre ríos de Sonora que a la fecha han causado daños a la salud de los habitantes.
LOS GOLPES DE LA MINERÍA
Durante este sexenio comunidades y organizaciones civiles e internacionales han alertado sobre violaciones a derechos humanos y al medio ambiente –como contaminación del agua– durante las actividades extractivas de minerales.
El 51 por ciento de la superficie nacional es poseído por núcleos agrarios. Las comunidades campesinas e indígenas habitan los territorios que las empresas mineras insisten en presentar como “vacíos” o con “vocación minera”, resalta el informe de Oxfam México.
Sin embargo, cuando los hombres y mujeres defienden su territorio y sus bienes comunes naturales (tierra, agua, viento, bosques y minerales) contra la amenaza de la actividad extractiva, “están defendiendo también prácticas organizativas, significaciones colectivas, vínculos, relaciones de interdependencia”.
La organización enfatiza que los testimonios de quienes se oponen a la actividad minera o de quienes viven en territorios con extractivismo minero dan cuenta de la enorme desigualdad legal, económica, de acceso a la información y de ejercicio de derechos como la consulta libre, previa e informada.
Sobre el impacto ambienta de la minería, advierte que se asocia a cada una de las fases que componen el proyecto: exploración, explotación, procesamiento del mineral y periodo de postcierre de la mina. Pero las empresas mineras minimizan la importancia, y evitan el diálogo y acceso a la información con poblaciones que pueden ser afectadas, asegura Oxfam México. Y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cuenta con 300 inspectores federales, un recurso humano muy limitado frente a las más de 25 mil concesiones.
Pese a ello, las reformas legales adoptadas por los países de la región facilitan el acceso y la explotación de los bienes del territorio por actores privados, dice. En el caso de México, la reforma al Artículo 27 constitucional de 1992 abrió la posibilidad de privatizar, vender o rentar las tierras campesinas poseídas bajo propiedad comunal o ejidal.
Ese mismo año, hace 26 años, también se aprobó la Ley Minera. En su artículo 6 establece el carácter de “utilidad pública” que convierte a esta actividad como prioritaria frente a cualquier otra que se esté realizando sobre cierta superficie de tierra, y la Ley de Inversión Extranjera (1993) permite realizar inversiones en México a empresas con capital 100 por ciento extranjero.
Entre los derechos de los titulares de concesiones mineras, además de realizar actividades de exploración y explotación, la Ley Minera también les permite “disponer de los terreros que se encuentren dentro de la superficie” y obtener “constitución de servidumbre” para las operaciones, así como derecho a “el depósito de terreros, jales, escorias y graseros”, es decir, desechos mineros. Asimismo, la ley mexicana les permite “aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas”, aunque hay siete usos de agua más prioritarios que el uso en la minería.
“Estas disposiciones generan una relación asimétrica entre los derechos de los titulares de concesiones mineras y los derechos de los propietarios de terrenos o los usuarios de fuentes hídricas”, analiza el estudio.
En general, sintetiza la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, a diferencia de lo que ocurre en otros países como Estados Unidos, el proceso de otorgamiento de concesiones en México no requiere en ningún momento la realización de audiencias públicas, solo la entrega de un informe de impacto ambiental a la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat).
Pero, expone, en muchos casos las comunidades o grupos que viven en las inmediaciones de los proyectos mineros son los últimos en enterarse de lo que se pretende hacer; pocas veces se les informa sobre los procesos que se llevarán a cabo y la manera en que pueden afectar su salud, sus actividades y sus bienes, y las autorizaciones establecen que la propia empresa realice un monitoreo para detectar posibilidad de contaminación.