CIUDAD DE MEXICO, 4 de octubre (SinEmbargo).- Entre 2016 y 2017 más de 100 dependencias y gobiernos estatales realizaron 145 mil 523 solicitudes de datos de usuarios a las empresas de telecomunicaciones, aún cuando el 31.5 % de ellos no estaba facultado para ejercer vigilancia.
De acuerdo el informe “¿Quién no defiende tus datos?” de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), las compañías entregaron los datos en 94 % de las veces, es decir, solamente rechazaron 1 de cada 20 solicitudes.
El informe encontró que Telcel y Telmex fueron las compañías que entregaron información en el 100 % de las solicitudes recibidas (110 mil 214 y 6 mil 402, respectivamente), en tanto que Movistar otorgó los datos en 83.4 % de las ocasiones; y AT&T, en 61.5 %.
El 31 % de las solicitudes recibidas por Telcel (y entregadas en su totalidad) fueron efectuadas por autoridades sin facultades o no identificadas.
De acuerdo con el informe, 35 autoridades que realizaron solicitudes entre 2016 y 2017 están facultadas para ejercer vigilancia. Entre ellas se encuentran el Cisen, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de Aguascalientes, la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur, las fiscalías de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Morelos, Puebla, entre otras dependencias.
Un total de 15 autoridades no facultadas para ejercer vigilancia realizaron solicitudes en el mismo periodo. Entre las dependencias que obtuvieron acceso a datos de usuarios se encuentran los institutos electorales de la Ciudad de México y de Oaxaca, los gobiernos del Estado de México y de Colima, las Secretarías de Marina, de Comunicaciones y Transportes, la Procuraduría Federal del Consumidor, entre otras.
En poco menos de un tercio de las solicitudes reportadas por empresas de telecomunicaciones dentro de los informes para los periodos del año 2016 y del año 2017 no es posible saber qué autoridad fue la que realizó la solicitud. Cuatro de los quince rubros de autoridades que realizaron más solicitudes lo ocupan autoridades indeterminadas.
En otras palabras, dice el informe, en un tercio de las solicitudes reportadas por empresas de telecomunicación no es posible conocer si se violó la privacidad de los usuarios, al otorgar información a autoridades no facultadas.
“Esta ambigüedad es otro factor que resta de manera importante efectividad a las obligaciones de transparencia estipuladas dentro de los lineamientos de colaboración en materia de seguridad y justicia”, consideró la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
A pesar de la importancia de estos hallazgos, la Red en Defensa de los Derechos Digital denunció que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) decidió, de forma inexplicable, eliminar las obligaciones de transparencia en abril de 2018, por lo que la sociedad no podrá seguir conociendo la manera en que las empresas de telecomunicaciones entregan datos de usuarios a las autoridades.